Se iniciaron las visitas de verificación a las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Durante alrededor de tres días, personal del instituto, de protección civil y de las secretarías de la Función Pública (SFP) y del Trabajo y Previsión Social (STPS) revisarán cada espacio de los inmuebles.

El problema es que para la operación de guarderías y estancias infantiles no existe una regulación específica, sino que para permitir su funcionamiento se toman como base los lineamientos de seis normas oficiales mexicanas, las dos diseñadas por el Seguro Social y, en materia de seguridad, los requerimientos que cada localidad establezca.

María Luisa Gárate, presidenta de la Asociación Nacional de Guarderías (Asnagu), comentó que al principio había dudas entre los concesionarios del servicio porque la inspección de protección civil ha sido diferente para cada espacio. Lo que pasa, explicó, es que según la delegación o municipio de que se trate se solicitan medidas preventivas en caso de inundación, como ocurre en Iztapalapa, mientras que en demarcaciones como Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc se debe cumplir con medidas preventivas en caso de sismo, por ejemplo.

En entrevista con este diario, resaltó la necesidad de que –como seguramente se hará luego del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde ya han muerto 46 niños– se diseñe una normatividad específica que involucre a las guarderías y al sistema educativo en su conjunto.

Hasta la fecha, las NOM que sirven de base para la operación de guarderías son la 167, sobre asistencia social a niños y adultos mayores; 031, de cuidado de la salud en niños; 169, sobre asistencia social alimentaria; 173, de atención integral a personas con discapacidad; 131, de alimentos para lactantes y niños de corta edad, y 009, sobre fomento de la salud escolar. Además, el IMSS cuenta con una normatividad específica para sus guarderías.

Gárate también comentó que como parte del diálogo que los integrantes de la Asnagu han mantenido con el Seguro Social con miras al vencimiento de 95 por ciento de los contratos de subrogación, en diciembre, acordaron con las autoridades llevar a cabo mesas de trabajo a partir del próximo 17 de julio. La agrupación está a la espera de que dicha actividad se pueda efectuar.

Por otra parte, Bernardette Manríquez, presidenta de la Asociación Estatal de Guarderías de Sonora, señaló que lo único claro en el caso de la guardería ABC es que todos los funcionarios tienen responsabilidad, los del IMSS y los de los gobiernos estatal y municipal. Afirmó que ninguna de esas autoridades supervisa las colindancias de las estancias. Sólo lo hace el Seguro Social, pero solamente cuando se firma el contrato por primera vez.

Entre los requisitos que deben cubrir los concesionarios está presentar el permiso de uso de suelo, que otorgan las áreas de desarrollo urbano de cada localidad. También deben entregar al instituto el plano del inmueble autorizado por un arquitecto.

A su vez, las áreas de protección civil, que acuden una vez por año, verifican la existencia de los extintores que los contactos de luz se encuentren a una altura de 1.30 metros. También observan que los inmuebles cuenten con detectores de humo y señalamientos de rutas de evacuación. Revisan todo lo que debe existir en el interior de la guardería, pero nada del exterior, señaló Manríquez.

En entrevista telefónica, censuró que en el peloteo que se traen el IMSS y el gobierno de Sonora se pretenda sólo culpar a los prestadores del servicio. También negó la versión difundida el pasado martes, respecto a que desde 2005 se habían hecho señalamientos de irregularidades a la guardería ABC. Recordó que en diciembre de 2006 los concesionarios tuvieron que renovar su contrato de subrogación.

De haber existido anomalías, el instituto no hubiera permitido que continuaran prestando el servicio. Enseguida, Manríquez afirmó que personal del IMSS acude cada mes a supervisar el funcionamiento de las guarderías, pero si hacen alguna observación, regresan a los 15 días para asegurarse que se corrigió la anomalía y si no fue así el instituto aplica la multa que corresponda. Pero no sólo eso. Si el prestador acumula tres multas económicas es causa de rescisión del contrato, señaló.

Molesta por el manejo informativo que se le ha dado a lo ocurrido en la guardería ABC el pasado 5 de junio, la empresaria dijo que el incumplimiento de las normas de seguridad en cuanto al entorno de las guarderías se debe a la corrupción de autoridades que han permitido la instalación de gasolineras enfrente de las estancias, o el funcionamiento de negocios que ponen en riesgo la seguridad de los niños.