Lima, 16 de junio. El primer ministro de Perú, Yehude Simon, anunció hoy que renunciará en las próximas semanas luego de que se encuentre una solución al conflicto con los indígenas amazónicos, que dejó 34 muertos a inicios de mes, en una declaración con la que busca adelantarse a pedidos de la oposición que reclama su dimisión y censura del gabinete ministerial.

Simon subrayó que conversará este miércoles con el presidente Alan García, quien tendrá el tiempo suficiente para decidir lo que tiene que hacer. Dijo que se irá porque quiere al país y su estabilidad, porque además siente mucho cariño por el presidente, pero no por el capricho de opositores radicalones como el nacionalista Ollanta Humala, cuya bancada apoya a las etnias.

El presidente García, en un acto público evitó pronunciarse sobre la eventual salida del primer ministro, pero respaldó su decisión anunciada el lunes de dar marcha atrás en el tema indígena y presentar un proyecto de ley al Congreso para derogar dos decretos rechazados por los nativos, que desataron sus protestas desde el 9 de abril.

Debemos abrir un espacio de reconciliación, pacificación y de espera en el país, precisó el jefe de Estado, al subrayar que es necesario un clima de paz y tranquilidad que permita mayores inversiones en el país. Apuntó que si por ahora no hay información y conciencia suficiente para comprender qué es lo positivo que se plantea, aún hay tiempo suficiente para que el tiempo convenza.

En tanto, el gobierno peruano anunció que otorgó el salvoconducto al líder indígena Alberto Pizango, quien encabezó las protestas contra los decretos y a quien el gobierno acusó de los hechos de violencia del 5 y 6 de junio, que dejaron 34 muertos. Pizango, que ha rechazado esos cargos, se encuentra en la embajada de Nicaragua y ahora podría partir a Managua como asilado político.

Por la noche, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que aglutina a la mayoría de las etnias amazónicas, pidió a sus bases levantar parcialmente las medidas de fuerza que afecten a las comunidades, saludó la decisión del gobierno de impulsar la derogación de los decretos y propuso una comisión de la verdad que aclare con pruebas los sucesos de violencia.