Luego de 36 años de lucha para que el gobierno cumpla su compromiso de entregar tierras de buena calidad y apoyar a las familias indígenas desplazadas por la construcción de la presa Cerro de Oro, en Oaxaca, la Unión de Ejidos del Valle de Uxpanapa bloqueó ayer las oficinas del Tribunal Unitario Agrario (TUA) en San Andrés Tuxtla, Veracruz, ya que el magistrado José Limas Cobos rechazó la demanda de indemnización de los campesinos, a quienes, según especialistas, les deben mil 852 millones de pesos.

Juan Zamora, dirigente de la organización que aglutina a 30 ejidos de la región, sostuvo que agrónomos dictaminaron que de las 260 mil hectáreas entregadas a las familias reubicadas en la región del Uxpanapa –en los límites de Veracruz y Oaxaca– sólo 85 mil son de buena calidad y el resto de agostadero, poco profundas, pedregosas y no aptas para la agricultura.

Fue un engaño. Más de tres décadas después las familias siguen reclamando el pago de los 812 millones que les debe el Fifonafe (Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal) por las tierras expropiadas para la construcción de la presa en Oaxaca, y mil 40 millones de pesos por entregar tierras de mala calidad, dijo vía telefónica.

Comentó que cerca de 400 campesinos decidieron impedir el acceso al TUA hasta que se les haga justicia.