El Estado mexicano rechazó ocho de las 91 recomendaciones que le hizo el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), con lo que demuestra su falta de interés y los retrocesos que se han dado en la materia durante los gobiernos panistas, señalaron diversas organizaciones civiles.

En conferencia, la Red Todos los Derechos para Todos (RTDT), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y otros organismos indicaron que con argumentos tramposos el gobierno de Felipe Calderón no acató las obligaciones internacionales de México. Resaltaron que aunque el gobierno federal asegure que sólo no aceptó tres sugerencias, se trata de ocho reservadas en febrero, en el marco del EPU, aunque dio justificaciones tramposas para no hablar de rechazo.

Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la RTDT, subrayó que en las administraciones de Vicente Fox y Calderón en México se ha dando un retroceso en materia de derechos humanos. En la práctica, en la agenda del gobierno federal estos temas no existen.

Los activistas enumeraron los argumentos tramposos para rechazar recomendaciones del EPU.

Sobre el fuero militar, los representantes mexicanos expusieron a la ONU que la justicia castrense está supeditada a la civil, ya que en procesos jurídicos militares los inculpados pueden acudir al amparo. Sí, pero eso no sirve. Cuando un civil sufre una violación de derechos a manos de soldados se sigue un juicio militar y la víctima queda fuera.

En el informe entregado por la delegación mexicana, se rechaza la recomendación sobre la justicia militar con el argumento de que la Secretaría de la Defensa Nacional ha aceptado la totalidad de recomendaciones emitidas por la CNDH.

Las ONG acotaron que las recomendaciones del organismo que preside José Luis Soberanes nunca han cuestionado el fuero militar. En esos señalamientos la CNDH no aplica los criterios del derecho internacional que obligan a que los abusos de militares contra ciudadanos deben ser investigados por la justicia civil.

Sobre el arraigo, el gobierno mexicano planteó que se trata de un tema que está en la Constitución, por lo que lo regula el Poder Judicial. Los activistas destacaron que no está debidamente regulado, además de que los jueces de control están en implementación y nadie asegura que hagan realmente ese papel.