n vasto movimiento de opiniones, sobre todo en Internet, ha venido configurándose en las últimas semanas para expresar a través del voto nulo su rechazo a un sistema político que no parece responder a las diversas exigencias de la ciudadanía. El eje de esa protesta gira en torno a una mayor participación en los asuntos públicos, pero ha sido gatillada por la sensación de que la impunidad campea en todas sus expresiones.
Este movimiento surge desde diversos ámbitos y muchas regiones del país. Es un movimiento transversal que involucra a ciudadanas y ciudadanos con distintas preferencias electorales y probables diferencias en otros temas. Es evidente que grupos, corrientes, poderes fácticos y personalidades se han sumado a partir de convergencias reales o de cálculos políticos tendientes a buscar instrumentalizarlo.
Aún con esos riesgos reales, ese movimiento ha probado tener vitalidad galvanizando a sectores importantes de la población joven. Puede ser el germen que trascienda el acto individual para desembocar en movilizaciones sociales de amplio espectro.
Por ello, es indispensable deliberar en torno a dos preguntas para el momento actual: ¿cuál es el malestar que expresa este movimiento de opiniones y cuál su utilidad? En este artículo quiero reflexionar sobre lo primero y en el siguiente sobre su utilidad.
El momento actual está signado por la convergencia de tres crisis: económica, de seguridad pública y de representatividad política. La manera en que se ha diseñado la política económica y cómo se ha instrumentado, la forma en que se ha definido el combate al crimen organizado y, sobre todo, la sensación de impunidad frente a las fallas y los presuntos delitos de las elites políticas y económicas ilustran la crisis de representatividad política.
Su origen está en unas negociaciones políticas que dieron para definir reglas de competencia electoral pero que no avanzaron en la reforma del Estado. Las elecciones de 1997 anunciaron lo que vendría después: gobiernos divididos. Reconocer ese rasgo central de la transición obligaba a pensar en reformas institucionales que modificaran las interacciones sociales en los gobiernos federal, estatal y municipal, en los partidos, en los sindicatos, en las agrupaciones gremiales; en breve, las reglas de participación ciudadana.
La responsabilidad de la primera administración panista reside en no haber seguido el mandato electoral que configuró la alternancia en 2000. Lejos de una propuesta incluyente de largo alcance, pactos en lo oscurito, deshilvanados y contradictorios que concluyeron en una descarada intervención antes, durante y después de las elecciones de 2006. La segunda administración panista, producto de un triunfo impugnado por un sector importante de la ciudadanía, ha intentado administrar sin reconocer que en el mejor de los casos fue electa con menos de 20 por ciento del padrón total de electores.
Lo que se requiere hoy es justamente lo que no existe: la disposición a construir un vasta coalición que permita gobernar este país en momentos en que la fragmentación social y la desarticulación institucional tienden a imponerse.
Todas las encuestas coinciden en que el resultado electoral en la Cámara de Diputados no configurará una clara mayoría. También coinciden en un amplio porcentaje de abstencionismo. De suerte que el peso que tendrá el voto de clientelas y corporaciones en los resultados para diputados federales será determinante.
De suerte tal que el voto de l@s ciudadan@s libres, es decir, de todo aquellos que no forman parte de una tribu o de una clientela, será un voto de convicción. Por ello creo que todas las opciones libres, incluyendo el voto en blanco o nulo, son respetables y legítimas para ejercer y construir ciudadanía. Debido a lo anterior, la segunda pregunta adquiere en el margen gran relevancia. ¿Cuál es el voto útil para estas elecciones?
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