El agotamiento de la democracia electoral, que ha levantado un gran movimiento ciudadano en favor del voto en blanco, debe dar paso a la construcción de una democracia más participativa, más deliberativa, en la cual la sociedad tenga facultad de iniciativa, revocación de mandato, referendo y plebiscito, sostuvo Jaime Cárdenas, candidato a diputado por el Partido del Trabajo (PT).

El también ex consejero del Instituto Federal Electoral, agregó que más allá de la lectura política de que el voto en blanco favorece a Acción Nacional, a Felipe Calderón y al Partido Revolucionario Institucional, de nada sirve este movimiento de muchos ciudadanos si no viene acompañado por un movimiento social, por lo que invito a esos ciudadanos a plasmar en un documento y a través de movilizaciones sociales, e inclusive en una iniciativa, aunque éste no sea un derecho reconocido en la Constitución, qué medios de democracia participativa demandan.

En entrevista con La Jornada, sostuvo que no se debe plantear exclusivamente el rechazo al sistema de partidos, sino indicar qué se quiere, y refirió el trabajo de Adolfo Sánchez Rebolledo, quien llama la atención acerca de que quienes plantean el voto en blanco no cuestionen la ilegitimidad de origen de Felipe Calderón, los defectos del modelo económico que promueve su gobierno ni su incapacidad para plantear medidas que permitan a México salir de la crisis.

“Hay diferencias entre los partidos. No es lo mismo la oposición que el gobierno en turno, que tiene las mayores responsabilidades; no es lo mismo un gobierno que llega al poder democráticamente que uno cuestionado en su legitimidad de origen, o uno que ha sido incapaz de generar empleos; un gobierno que ha leído mal los indicadores económicos, que pensó que esta crisis era un ‘catarrito’ y ahora se da cuenta que tardaremos años” en salir de ella, apuntó.

Expuso que además de las deficiencias del sistema electoral y la necesidad de incorporar propuestas para una democracia participativa y deliberativa, es necesario tener en cuenta la crisis económica.

Criticó las fallas del modelo neoliberal y el esquema de seguridad basado en la represión y en el empleo del Ejército.

En ese contexto, el problema de los derechos sociales, económicos y culturales en México es que éstos se hallan sujetos al clientelismo, a los programas sociales, al corporativismo. No son derechos sociales sobre los que existan garantías jurídicas que los hagan viables.

Entonces, expuso, de nada sirve que la Constitución diga que se garantiza el derecho al empleo o a la salud o a la educación, si no hay vías jurídicas de defensa de esos derechos.

Un ejemplo claro, dijo, es lo que sucede en la delegación Iztapalapa –donde está el distrito 20, del que es candidato–, lo cual se repite en todo el país.

Aquí, la satisfacción de los derechos sociales, explicó, se realiza por la vía de la gestión y los programas sociales, con todos los defectos de un mecanismo que promueve la relación indebida entre gobernante y gobernado, a quien nunca se le concede el papel de ciudadano.

Por eso deben proponerse cambios en la Constitución y en las leyes, para establecer, por ejemplo a nivel presupuestal, obligaciones muy claras del Estado sobre el monto que deberá gastar en educación, salud o seguridad y promoción del empleo, así como la posibilidad de que el ciudadano tenga un tribunal para exigir que, con un tiempo perentorio, los gobiernos realicen las obras que se comprometieron a construir, afirmó.