Con la información que dio a conocer el miércoles el procurador general de la República (Eduardo Medina Mora) advierto que de alguna manera se busca proteger a ex altos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a servidores públicos federales y estatales implicados en el incendio que provocó la muerte de 44 bebés, aseguró ayer a La Jornada el ex subprocurador de Justicia de Guerrero Xavier Olea Peláez.

Agregó que “hay comisión por omisión de delitos en que incurrieron funcionarios del IMSS y de otras instancias del estado de Sonora, al haber subrogado el permiso de operación de la guardería ABC sin cumplir con las mínimas medidas de seguridad. Y hay, sin duda, no sólo los delitos que dijo el procurador (homicidio y lesiones culposas, daño en propiedad ajena, ejercicio indebido del servicio público y uso indebido de atribuciones), sino también cohecho y tráfico de influencias, porque muchos funcionarios callaron frente a las anomalías y renovaron los permisos… ¡y no creo que eso haya sido gratis!”

Abundó: Estamos frente a un concurso de delitos que deben implicar sentencias de varias decenas de años de prisión para quienes resulten culpables, puntualizó el abogado penalista.

“Todo apunta a que como siempre… sólo van a investigar por encimita y van a cuidarse de no tocar ni con el pétalo de un citatorio al ex titular del IMSS Juan Molinar Horcasitas (actual secretario de Comunicaciones y Transportes), porque en esa procuraduría... ¡simplemente no saben o no quieren investigar!”, agregó Olea.

Medina Mora informó hace dos días, en conferencia de prensa, que el incendio de la guardería ABC en Sonora fue un hecho no intencional del que sólo podría derivar la comisión de delitos culposos que permitirán a los presuntos responsables enfrentar sus procesos penales en libertad.

De su lado, el rector de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle y ex funcionario de la PGR, Jorge Nader Kuri, explicó a este diario que hay en la legislación penal un resquicio que le permite al Ministerio Público fincar cargos graves a los funcionarios que resulten indiciados por el incendio en la guardería de Hermosillo.

Precisó que la única forma de que los responsables vayan a la cárcel sin la posibilidad de obtener una suspensión en vía de amparo –que les permita no ser aprehendidos y enfrentar juicios en libertad– es mediante la figura legal conocida como dolo eventual. Expuso que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal utilizó dicha figura para encarcelar en 2008 al ex fiscal Guillermo Zayas, por las muertes registradas en la discoteca News Divine.

Sin embargo, el jurista dijo que esa acción, lejos de representar justicia para las víctimas de esos hechos, exhibió errores de la autoridad ministerial, y por eso Zayas terminó obteniendo un amparo que le permitió recuperar su libertad.

Nader Kuri precisó que la acusación de delitos bajo el principio de dolo eventual es muy difícil de demostrar, ya que se requiere la confesión de parte e infinidad de pruebas documentales y periciales. “El dolo eventual es cuando alguien dice: ‘yo no quiero cometer un delito, pero estoy consciente de que se puede cometer, y pues ni hablar, hago caso omiso’. Demostrar esto es casi imposible”, destacó.

Finalmente, el jurista sostuvo que tal como está redactada nuestra legislación penal, los delitos culposos, si bien permiten que el acusado se defienda en libertad, eso no significa que quien los comete quede impune, porque al final del proceso, si la fiscalía demuestra sus acusaciones, el inculpado terminará en prisión.