on la chequera bajo el brazo, el gobierno federal pretende resarcir a los deudos de los niños fallecidos en la guardería ABC de Hermosillo y dar por concluido este trágico acontecimiento, a la par que la investigación oficial del caso se ocupa más del rápido deslinde de la concesionada parentela de encumbrados políticos estales y federales involucrada, que en delimitar la larga cadena de responsabilidades y culpabilidades.

A casi una semana del terrible suceso en la capital sonorense, nadie ha sido detenido, comenzando por los directamente responsables del funcionamiento y seguridad de la estancia infantil. Eso sí, el número de conferencias de prensa, deslindes públicos y privados, justificaciones, argumentos y conexos ha sido especialmente nutrido, aunque nadie se ha tomado la molestia de explicar quién y por qué autorizó el funcionamiento de dicha guardería en un lugar absolutamente inseguro, rodeada de obvios peligros que tarde que temprano –y no se requiere ser especialista para advertirlo– se harían efectivos, como la gasolinera y la llantera en el caso de ABC en la capital sonorense.

La parentela de encumbrados políticos estatales y federales pretende protegerse del señalamiento de tráfico de influencias, por el simple hecho de que la concesión que el IMSS les otorgó data de 2001, cuando Eduardo Bours no era gobernador de Sonora, como si la influyente cuan monopólica familia de los pollos requiriera del puesto para que sus peticiones automáticamente sean órdenes. Y del lado federal, que en dicho año Margarita Zavala no era la inquilina de Los Pinos, sino simple esposa del ex presidente nacional panista y líder, ese mismo año, de la fracción parlamentaria blanquiazul en la Cámara de Diputados, dejando a un lado que la membresía tiene sus privilegios, en un mercado (como el de las guarderías subrogadas por el Seguro Social) valuado en 8 mil millones de pesos anuales.

Por el lado del IMSS, que aparentemente (Karam dixit) todo estaba en orden y funcionaba con seguridad garantizada, de acuerdo con las normas establecidas, aunque en la perfección algo falló y que por lo mismo los niños que sobrevivieron al incendio en la guardería ABC tendrán atención médica vitalicia, como si eso resolviera el problema de fondo y resarciera el daño a los familiares. Y que si lo anterior fuera poco, entonces se creará una unidad de quemados en Hermosillo y que a más tardar en esta semana se publicará el número de guarderías subrogadas que hay en el país y el nombre de los propietarios que se reparten ese jugoso pastel de los citados 8 mil millones de pesos.

Es lo de siempre: se harán manuales de seguridad, se fortalecerán las estrategias de protección civil, las rutas de evacuación, los simulacros, se conocerán los nombres de los concesionarios del IMSS en materia de guarderías, se taparán los pozos y se hará hasta lo imposible para evitar nuevas tragedias, hasta que alguna de ellas se registre en alguna parte de la geografía mexicana, para comenzar de nuevo con el firme compromiso de la supuesta autoridad para hacer manuales, conocer los nombres, etcétera, cuando se supone que las concesiones no son autorizadas si todos esos manuales y estrategias no están perfectamente estructuradas y en operación. No es al revés, aunque así lo hagan.

De hecho, el IMSS no tendría por qué esperar una semana para dar a conocer los datos: en su informe anual reconoce que de 1997 a 2007 el número de guarderías infantiles concesionadas se incrementó casi 300 por ciento, y cero por ciento el de las directamente administradas por el Seguro Social (de hecho se cerró una unidad). Las primeras pasaron de 381 a mil 423 en el lapso referido, mientras que las segundas lo hicieron de 143 a 142. En Tabasco, por ejemplo, una misma persona es beneficiaria de cuando menos tres concesiones de guarderías, que implican un monto superior a 5 millones de pesos. Eso se puede consultar en el portal de Transparencia.

En los últimos cuatro años del sexenio zedillista, el número de guarderías concesionadas por el IMSS se incrementó 98 por ciento; en el gobierno foxista y el primer año calderonista creció el 200 por ciento restante. Y en las tres administraciones el inventario de guarderías directamente administradas y operadas por el Seguro Social permaneció prácticamente sin movimiento (una sola baja en el periodo). Y fue justamente mister Fobaproa, Ernesto Zedillo, quien agriamente reclamó a aquellos que injustamente aseguran que la tendencia gubernamental es la privatización de la seguridad social, y lo dijo precisamente cuando se privatizaron las pensiones y arrancó la subrogación de servicios del Instituto, entre ellos los de las guarderías infantiles, incluidas las del ISSSTE (alrededor de 60 por ciento de ellas se han privatizado).

Y si lo del IMSS no es lo suficientemente grave y alarmante, allí está el caso de las 8 mil 315 estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social, “en las que diariamente se cuida 221 mil 277 niños, operan en condiciones precarias, según establecen las propias reglas de operación: el costo por la atención de un menor es alrededor de la cuarta parte de lo que se ejerce en las guarderías subrogadas del IMSS, las instalaciones –casas con algunas adecuaciones– tienen apenas lo básico para el cuidado de los pequeños y las condiciones de seguridad y atención son mínimas. Promocionadas por el PAN en su campaña electoral, las estancias muestran ‘falta de coordinación con el DIF para garantizar la seguridad y una calidad adecuada en los servicios de cuidado infantil, lo cual es clave para el éxito del programa’, advirtió en 2008 el Consejo Nacional de Evaluación, en el análisis de consistencia y resultados. El accidente en la guardería subrogada del IMSS en Hermosillo, Sonora, pone en evidencia que en la operación existen huecos, espacios discrecionales propicios para actos corruptos e irresponsables y genera más dudas sobre estrategias similares como las estancias infantiles de la Sedeso, donde la normatividad y la forma en que se montó el programa presentan condiciones indudablemente más precarias y riesgosas que las del IMSS, indica el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos” (La Jornada, Angélica Enciso).

Las rebanadas del pastel

Y ya en el exceso, surge la noticia de que un joven corre el riesgo de ser demandado por daño en propiedad privada en Hermosillo, Sonora. Se trata del mismo muchacho que con su camioneta abrió tres boquetes en la guardería ABC para que algunos niños pudieran huir del incendio, evitando así más muertes.

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