En una nueva comparecencia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), México deberá responder si acatará las recomendaciones que le hizo ese organismo luego del Examen Periódico Universal (EPU) de febrero pasado, entre otras, para abolir el arraigo y el fuero militar.

Organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos destacaron, sobre la figura del arraigo, que es una gran caja negra que favorece la corrupción y la violación de las garantías fundamentales de las personas. Antes, las autoridades judiciales hacían uso de este recurso sólo de manera excepcional, pero actualmente es lo normal en sus actividades.

El problema es que se carece de una regulación sobre los lugares adonde tendría que llevarse a las personas, en lo que los activistas calificaron de detención arbitraria que se presta a situaciones irregulares, como que los batallones y campos militares sean usados para estos fines.

En conferencia de prensa, Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que resulta inaceptable que sin tener evidencias se ordene el arraigo de individuos y luego de 40 u 80 días se les deje en libertad por falta de pruebas, o que durante ese lapso se les prohíban las visitas familiares y/o de sus abogados.

En el caso del fuero militar, Carlos Cepeda, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, señaló que a partir de la participación de militares en actividades policiacas, las quejas contra la milicia aumentaron considerablemente, al pasar de alrededor de 150 en 2006, a mil 800 en 2009.

Sin embargo, las denuncias son atraídas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que realiza las investigaciones y los juicios, pero jamás se permite el acceso de las víctimas a los expedientes y tampoco existe certeza de imparcialidad en los procedimientos.

Luego del EPU, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió 91 recomendaciones, de las cuales el gobierno mexicano aceptó 83 y dejó pendientes ocho. Mañana el organismo internacional tendrá una nueva sesión donde presentará su informe final sobre México, que deberá responder si acepta las recomendaciones reservadas y, en su caso, el mecanismo que llevará a cabo para cumplirlas.

Además del arraigo y el fuero militar, están las relativas al restablecimiento de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, o crear una oficina similar para esclarecer los crímenes y desapariciones forzadas de los años de la llamada guerra sucia.

Édgar Cortez, de la Red de Derechos Humanos para Todas y Todos, comentó que los representantes de organizaciones civiles que participarán en la sesión del jueves en Ginebra se reunieron el pasado lunes con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, a quien le plantearon los asuntos pendientes en México.