Privatizar ganancias, socializar las pérdidas
rimero fue la quiebra del sistema financiero, después la del inmobiliario, ahora el turno fue del sector automovilístico. El gobierno de EU adquirió la semana pasada 60 por ciento de las acciones de General Motors (GM), que cuenta con 82 mil millones de activos, aunque tiene una deuda de 173 mil millones de dólares. La intervención del gobierno evita la liquidación de la empresa, lo que hubiera significado su desaparición, y la obliga a declararse en quiebra, lo que le permitirá funcionar mientras restructura su deuda y recupera su solvencia financiera.
Las razones de la participación mayoritaria del gobierno en la GM son diversas, pero la principal es la necesidad de salvar cientos de miles de empleos que se hubieran perdido de no haber sido por su intervención. La reacción en cadena de la liquidación de GM, de la que depende un millón de trabajadores, hubiera incrementado el desempleo del actual 9 por ciento a más de 15 por ciento en unas semanas.
La crisis del sector automotor se debió a la pésima administración, complacencia y enriquecimiento de presidentes y gerentes de la industria. Es otro síntoma de la pertinencia de una regulación más estricta del Estado. Está a la vista la necesidad del diseño de una política industrial que, aunque vaya contra el dogma de la libre empresa, evite que la apropiación de las ganancias sean para unos cuantos y las pérdidas se socialicen, situación que se ha agravado en los últimos años. Aun así, hay quienes critican la intervención del Estado en la economía, medida a la que se vio forzado el gobierno en el último año para evitar la quiebra del sistema en su conjunto.
La decisión de poner en manos de administradores privados nuevamente a la GM ha causado sorpresa entre aquellos que, con justa razón, piensan que pasará lo mismo. Los asesores económicos de Obama deberán explicar por qué nombran otra vez administradores privados cuando son los que ocasionaron su quiebra. Hay quienes no quieren admitir que en el gobierno hay buenos y honestos administradores, cuyo profesionalismo está por arriba de intereses partidistas. Por los resultados, salta a la vista que los administradores del sector privado han demostrado con hechos ser pésimos, y en algunos casos sumamente deshonestos, llevando a más de un sector del país a la bancarrota moral y económica.
