a tragedia ocurrida el pasado viernes en la guardería ABC –subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)— en Hermosillo, Sonora, donde un incendio cobró la vida de 38 niños y dejó heridos a decenas más, así como a seis adultos, ha dejado tras de sí un profundo sentir de indignación y consternación en la sociedad sonorense y nacional, en cuya percepción los espacios destinados supuestamente al cuidado de los niños –y en particular, de los hijos de asalariados y de familias de escasos recursos– se han convertido, en cambio, en entornos que ponen en riesgo la salud e incluso la vida de los pequeños.

Ayer, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció el inicio de una investigación orientada a deslindar responsabilidades y esclarecer estos dolorosos sucesos. Independientemente de los resultados que arrojen tales pesquisas, hay razones de sobra para afirmar que esos acontecimientos no tienen un responsable único, sino que son consecuencia de una cadena de negligencias lamentables: la habilitación de una nave industrial como guardería, no obstante que el espacio carecía, hasta donde se sabe, de las condiciones de seguridad necesarias –extintores, señalamientos, salidas de emergencia–; la ubicación del inmueble en las cercanías de una gasolinera; la presumible falta de capacitación del personal de la guardería para actuar ante una emergencia de este tipo y, por supuesto, las deficiencias en la supervisión del personal de protección civil de la entidad y de las propias autoridades del IMSS.

Esta suma de omisiones, descontroles y vicios previos a los hechos pone en perspectiva –de manera por demás trágica– las enormes deficiencias y los riesgos que conlleva el sistema de subrogación adoptado por el propio IMSS, que otorga la operación de las guarderías a particulares, y que ha crecido de manera exponencial durante las dos administraciones panistas: entre 2000 y 2007, el número de guarderías del IMSS a cargo de particulares pasó de 757 a mil 426, mientras que el total de las que operan bajo el régimen de prestación directa sigue siendo el mismo que a inicios de la década (142). Tales cifras ponen de manifiesto la abdicación del Estado a cumplir con una de sus responsabilidades principales en materia de seguridad social –la de prestar servicios adecuados a los trabajadores y sus familias– mediante la imposición de un modelo que, para colmo de males, ha sido expandido por el gobierno calderonista a través de la aplicación del programa de estancias infantiles.

De acuerdo con las autoridades federales, la aplicación de este sistema tiene por objeto la ampliación del servicio de guarderías con calidad en todo el territorio nacional. En los hechos, sin embargo, la subrogación ha derivado en un deterioro sostenido de la atención que se presta en esas instalaciones a cargo del IMSS, y ha acabado por convertir a éstas en establecimientos con fines de lucro, en donde lo que importa es maximizar las ganancias y abatir los costos, a pesar de que en muchas ocasiones esto opere en perjuicio de los infantes y sus familias. Por añadidura, y a la luz de episodios como el ocurrido el viernes pasado en Sonora, queda al descubierto la falta de supervisión, la permisividad y la presumible corrupción en la que incurren autoridades encargadas de regular estos servicios.

Lo ocurrido en la guardería ABC ha dejado al descubierto un conjunto de vicios resultantes de la tendencia gubernamental por sustituir lo público por lo privado, y anteponer la lógica del mercado al interés y bienestar general. Tales anomalías son incompatibles con las responsabilidades estatales de velar por la seguridad de la población en su conjunto –comenzando por los sectores más vulnerables, como la niñez– y deben ser corregidas a fin de evitar que tragedias de este tipo se repitan, aunque transite en contra de las inercias ideológicas del grupo que detenta el poder.