El proyecto del gobierno calderonista de construir 12 reclusorios con participación de la iniciativa privada motivó severas críticas de diferentes sectores. Legisladores, académicos y organismos civiles señalaron el riesgo de que prevalezca el interés de lucro por encima del objetivo de procuración de justicia y readaptación social. No todas las actividades sociales pueden ser lucrativas y si ése es el criterio, nos encontramos muy lejos de resolver la grave crisis penitenciaria que hoy nos aqueja, señaló el diputado del Partido del Trabajo (PT) Silvano Garay.

A su vez, legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia opinaron que el gobierno federal está obligado a informar con transparencia de la participación de la iniciativa privada en este proyecto, aunque de entrada calificaron de riesgosa la posibilidad de dar cabida a recursos ilícitos en un tema paradójico como la ampliación del sistema penitenciario nacional.

Alfonso Suárez del Real, secretario de la Comisión de Defensa en San Lázaro, consideró el anuncio del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como una opción que deberá ser analizada con mucho cuidado. Está claro, dijo, que la autoridad federal no ha sido capaz de hacerse cargo de las prisiones y ahora resulta que la reclusión es un nicho de oportunidad para la iniciativa privada.

Por su parte, José Manuel del Río, secretario de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, consideró que la propuesta no tendrá futuro. Los inversionistas privados no se interesarán porque el deber de preservar las condiciones mínimas de convivencia social corresponde a los gobiernos, y en el caso de la iniciativa privada su naturaleza apunta a obtener ganancias monetarias.

Para Guillermo Garduño, experto de la UAM Iztapalapa en fuerzas armadas y narcotráfico, el anuncio hecho durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública es un acto pornográfico de un Estado totalitario. Dijo que con un sistema judicial como el que tenemos, donde de 250 mil personas privadas de su libertad al menos 100 mil no han sido sentenciadas, tendremos resultados pavorosos, como los que se han visto en modelos similares de privatización. Es el caso de Estados Unidos, que desde el siglo XIX privatizó los penales y creó los trabajos forzados.

A su vez, Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos, dijo que el riesgo de la participación de la iniciativa privada en la construcción de penales es que se conviertan en un gran negocio y se les despoje de su objetivo. Además, el plan pone en evidencia la urgencia del gobierno de eludir su responsabilidad en esta tarea.

Expuso que no se requiere construir más cárceles ni aumentar la población penal, pues esto no ha demostrado ser la solución para combatir el crimen. La idea sería hacer del encarcelamiento una excepción y no la regla. En el caso de los delitos graves tendría que buscarse penas alternativas como trabajo comunitario.

Añadió que permitir la inversión privada en penales también podría agravar el problema de la corrupción en estos ámbitos. Destacó que en los países donde operan estos esquemas mixtos existen eficientes mecanismos de vigilancia y supervisión, de monitoreo y control, lo que en México no está garantizado.