o cabe duda de que Agustín Carstens continúa metiéndose en graves problemas, pues ante el evidente fracaso de su estrategia económica –que por cierto nos tiene al borde del colapso–, se ha sumado una clara violación a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP), que ameritaría su destitución, si en nuestro país existiera un verdadero estado de derecho que permitiera la rendición de cuentas.

Y señalo lo anterior, ya que el 22 de mayo pasado, la Secretaria de Hacienda informó que “no cuenta con los documentos que registraron la venta (desincorporación) de las 18 instituciones bancarias que se reprivatizaron durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, esto es, que “Hacienda extravió el libro blanco de la reprivatización bancaria”.

Para que esto se entienda mejor, debo decir que un libro blanco es un documento oficial publicado por un gobierno como informe o guía sobre algún asunto o problema y como enfrentarlo, este libro blanco también puede ser utilizado como un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas.

Al respecto conviene mencionar que en las fracciones cuarta y quinta del artículo 8 de LFRASP es muy clara la obligación de los servidores públicos a rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones, así como la de custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización.

Resulta evidente por parte del titular de Hacienda una absoluta violación a lo establecido en dicha ley, más aún si revisamos el artículo 13 del citado ordenamiento nos podemos dar cuenta que el Carstens podría hacerse acreedor hasta a una destitución del puesto.

Peor aún, Agustín Carstens sabe muy bien que existe un libro blanco de la desincorporación o reprivatización de los bancos, ya que el hecho de ser el secretario de Hacienda lo convierte en el presidente de la junta de gobierno del IPAB, que es el engendro de corrupción que sustituyó al Fobaproa, y que este cargo lo ejerce actualmente y lo ejerció también entre los años 2000 y 2003, cuando asistía a las reuniones de la junta de gobierno del IPAB, en sustitución de Francisco Gil Díaz.

Aquí también conviene preguntarnos por qué el diputado Antonio Ortega Martínez, quién además de ser hermano de Jesús Ortega, es presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, se ha pronunciado sobre el asunto. ¿Será que no sabe que tanto en la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados como en la Auditoría Superior de la Federación existe un ejemplar de ese ya famoso libro blanco.

Que acaso estos personajes no se han tomado la molestia de leer el llamado Informe Mackey, que es la supuesta auditoría al rescate bancario que el Congreso ordenó el 7 de septiembre de 1998 y cuyos resultados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria durante el primer semestre de 1999.

Que acaso no se han percatado que para elaborar dicho informe, el auditor de origen canadiense Michael W. Mackey consultó el multicitado libro blanco; del cual por cierto concluye, entre otras cosas, lo siguiente:

Se licitaron 18 bancos a grupos financieros que estaban representados por 11 casas de bolsa y siete grupos particulares, los precios llegaron a ser hasta de 5.3 de su valor en libros, lo que le produjo ingresos al gobierno por 12 mil 500 millones de pesos.

Fue evidente que los procesos no fueron adecuados. Los compradores estaban relacionados con grupos industriales donde las casas de bolsa transfirieron operaciones al grupo financiero y éste compró el banco.

En la mayor parte de los casos los compradores carecían de experiencia crediticia y del conocimiento técnico para las prácticas bancarias, además de que no fueron capaces de contratar administraciones eficientes.

La mayor parte del precio de compra se financió con recursos prestados por otros bancos, como en los casos de Inverlat, Banco Unión, Banco Internacional y otros. Que todo lo anterior contribuyó al quebranto bancario generado cuatro años después.

Cómo es posible que un asunto que ha tenido tantas repercusiones para la economía del país y para los bolsillos de los mexicanos, y que fue la puerta de entrada a uno de los capítulos más negros de nuestra historia financiera sobre todo en lo que se refiere a corrupción, tráfico de influencias, y conflictos de interés, ahora se diga con la mayor desfachatez del mundo que no se tienen los informes o que se extraviaron los documentos.

Esto es un claro atentado a la rendición de cuentas del Estado que los mexicanos no podemos permitir, por mi parte ofrezco públicamente poner a disposición de quien le interese el tema toda la información oficial que poseo sobre la reprivatización bancaria, su quebranto y su negligente y corrupto rescate; actas, minutas, memorando y los famosos bank reports junto con la lista negra del Fobaproa.

Al mismo tiempo invitó a estos personajes y a muchos que no mencioné (por cuestión de espacio) a que hagan lo propio, pero mientras esto sucede sólo me queda decir: Dame la llave Agustín y enséñame tu ropero.