n el trasfondo, el escándalo. El libro de Ahumada eleva a alturas aún no superadas el cinismo como argamasa del comportamiento de la clases dirigentes. La entrevista con el ex presidente De la Madrid subraya el papel central que juega la impunidad como lo señaló Jorge Camil (La Jornada 29-05-09). Las disputas zacatecanas, las contrahechuras de las clases políticas en las entidades. La incursión punitiva en Michoacán, las debilidades del federalismo mexicano, desde los dos lados: desprecio a la autoridad de los ejecutivos estatales por parte de los poderes federales, e irresponsabilidad de las autoridades estatales para con el pacto federal.
En el fondo la convergencia de tres expresiones de una crisis catastrófica. La crisis económica que nos viene de lejos, y cuyo efecto central ha sido 25 años de estancamiento económico.
La crisis de la seguridad pública que también viene de lejos y de la cual son igualmente responsables las administraciones priístas, panistas y perredistas en el ámbito federal, estatal y municipal. Se trata de una renuncia deliberada a la función primera de todo Estado que es garantizar la seguridad. En vez, cortedad de miras en busca de ganancias políticas. Después de Michoacán esta crisis puede agudizarse desde dos ámbitos que pueden no ser contradictorios: el reconocimiento de la penetración de los intereses del crimen organizado en todos los niveles del poder del Estado, y el uso faccioso del combate al narcotráfico –como lo han sido en el pasado y de manera persistente el uso de las auditorías a funcionarios– para disciplinar o reprimir a los contrincantes políticos.
Finalmente la crisis de representación que lo mismo se expresa en la débil legitimidad de los partidos políticos y de los organismos gremiales, y en el peso creciente de todo tipo de poder fáctico, así como en diversas disfuncionalidades en las reglas del juego, es decir en las instituciones.
El centro de la crisis es la incapacidad para conformar una coalición como expresión del fin del régimen de partido hegemónico y del agotamiento de la coalición de fuerzas que había gobernado al país por mas de 50 años.
El punto de arranque de los gobiernos divididos en 1997 también lo ha sido de un comportamiento esquizofrénico de unas clases dirigentes desarticuladas y sin rumbo estratégico. Desde entonces cada uno de los tres agrupamientos político-partidistas han apostado a hacerse por sí solas del Poder Ejecutivo. Doble ilusión. La de suponer que se puede obtener una mayoría electoral sin haber conformado una coalición gobernante. Segundo, la de ignorar tanto las debilidades orgánicas del actual Poder Ejecutivo como la potencialidades de los otros dos poderes y de un renovado federalismo. Y los poderes fácticos en esa misma tesitura aplican el principio de terreno arrasado para saquear al país.
Se apuesta a un descontón electoral, para clamar inmediatamente la conformación de coaliciones capaces de impulsar reformas que ni en los momentos más sólidos del autoritarismo mexicano fueron posibles. El resultado es un régimen de decadencia administrada.
Garton Ash, en sus espléndidos análisis sobre el desmoronamiento del comunismo en algunos países de Europa del Este, utilizó una analogía: la desintegración del imperio otomano que tardó un largo periodo en culminar. Lo típico de este desmoronamiento fue el debilitamiento del centro político y la desarticulación paso por paso y pieza por pieza de los distintos mecanismos que habían mantenido unificado al imperio. Se dan grandes convulsiones pero las vías para las posibles reformas del sistema se encuentran bloqueadas. Tampoco desde la sociedad hay la fuerza suficiente para generar una revolución social. La única función efectiva de las autoridades en esas condiciones es administrar una decadencia que ocurre de manera persistente pero lenta.
En México llevamos ya 12 años de decadencia administrada.
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