Amnistía Internacional (AI) destaca en su Informe Mundial 2009 que el papel jugado en foros internacionales por las autoridades mexicanas en 2008 contrasta enormemente con una realidad interior donde la tortura, la impunidad, las agresiones, asesinatos y represalias contra defensores y defensoras de los derechos humanos persisten, y en algunos casos se intensifican.

AI subraya en el capítulo México del Informe Mundial 2009 que el gobierno utilizó de forma indebida el sistema de justicia penal contra defensores de los derechos humanos, y como ejemplo refiere un caso del estado de Guerrero, “donde en abril (de 2008) se detuvo a cinco dirigentes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y se les acusó de asesinato”.

Ello, sostiene la organización internacional, “a pesar de la resolución adoptada en octubre por un tribunal federal, según la cual no había pruebas de la implicación de cuatro de ellos, y a pesar de las declaraciones de testigos que afirmaban que el quinto –implicado– se encontraba en otro lugar en el momento de cometerse el asesinato. Los cinco permanecían bajo custodia al finalizar 2008”.

Alberto Herrera, director ejecutivo de AI sección México, presentó ayer el capítulo sobre el país, del Informe Mundial 2009, en el que destacó que el asesinato de los defensores Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rojas, presidente y secretario respectivamente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco –ocurrido el 22 de febrero de este año– no solamente recordó el pésimo estado de los derechos humanos en Guerrero, sino que volvió a evidenciar a un Estado mexicano que no ha sido capaz de cumplir con sus obligaciones internacionales de protección a los defensores de esos derechos.

Ineficiente aparato de justicia

Durante 2008 la situación de los derechos humanos en nuestro país se define por sus contrastes, sus claroscuros, sus ambigüedades, destaca el documento, mientras la Secretaría General de AI subraya en su mensaje incluido en el informe, que Brasil y México son firmes partidarios de los derechos humanos en la esfera internacional pero, lamentablemente, a menudo descuidan dentro de sus fronteras lo que predican en el exterior.

Al presentar el capítulo México, Alberto Herrera expuso otros casos de defensores, como el de Raúl Hernández, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM), que se encuentra detenido en la cárcel de Ayutla de los Libres, en Guerrero, desde abril de 2008, y declarado prisionero de conciencia por AI. Es emblemático no sólo de la ineficiencia del gobierno a la hora de proteger a quienes legítimamente llevan a cabo labores de defensa y promoción de los derechos humanos, sino de un aparato de procuración de justicia utilizado para reprimir este valioso trabajo, expuso.

Son muchos, abundó, los casos de agresiones contra defensores durante 2008. Ejemplo de ellos, expuso, es el secuestro y asesinato de Lorenzo Fernández Ortega, integrante del Pueblo Indígena Me’Phaa; el ataque perpetrado por dos hombres con el rostro cubierto en contra de Mariana Villareal Contreras, integrante del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, en Coahuila, o las agresiones en contra de la hermana Consuelo Morales Elizondo, directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.

AI espera una acción contundente del Estado mexicano, que haga que los responsables de estos actos intimidatorios contra los defensores rindan cuentas ante la justicia y que prevenga agresiones en un futuro, enfatizó Herrera.

Recordó al gobierno que la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos es una obligación internacional que el Estado debe cumplir.

Herrera señaló que la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa es ejemplo vivo de una comunidad indígena que experimenta condiciones graves de marginalidad y desposesión, y que a la hora de reivindicar sus derechos es objeto de represalias. Está en nuestras manos como sociedad valorar y defender su trabajo, contribuyendo a que su voz sea escuchada.

Herrera reseñó más agresiones: los migrantes son otro grupo que se ha ubicado en condiciones de vulnerabilidad, ya que corren el riesgo de sufrir abusos de funcionarios y de bandas criminales. De ese grupo, apuntó, el caso de las mujeres, niñas y niños es más grave, ya que la respuesta del Estado para prevenir estas violaciones es insuficiente.