Morelia, Mich., 28 de mayo. De fascistas, manipuladores y electoreros que nada aportan en el combate a la delincuencia organizada, calificaron las fracciones legislativas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso de Michoacán los operativos policiacos por los que fueron detenidos 10 alcaldes y 18 funcionarios de esa entidad, acusados de presuntos nexos con el crimen organizado.

En respuesta, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que el gobierno federal no tenía por qué informar de las detenciones, cuando Citlalli Fernández González, asesora del gobernador Leonel Godoy y ex secretaria de Seguridad Pública estatal, durante más de un año fue requerida por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, y no dio detalles sobre la situación en el estado.

El diputado priísta Juan Carlos Campos Ponce, presidente de la mesa directiva de la legislatura local, afirmó que todo parece indicar que los operativos del pasado 26 de mayo tienen un trasfondo electoral que violentó las derechos y garantías individuales, ya que a través de los medios y de la manipulación de la información hemos juzgado, sentenciado y condenado a un grupo de personas sin todavía saber si son o no culpables.

A su vez, el ex dirigente empresarial y actual legislador del PAN, Eduardo Sánchez Martínez, reconoció que se violentó la soberanía del palacio de gobierno, sede del Ejecutivo estatal, para hacer efectiva la orden de presentación a uno de los hoy requeridos; sin embargo, disentimos con el argumento de que se haya tenido que dar a conocer al gobernador la operación.

Raúl Morón Orozco, coordinador de los diputados perredistas, dijo que pese a que en otras entidades como Chihuahua, Baja California y Sinaloa la problemática del crimen organizado es mayor, el gobierno federal eligió a Michoacán para aplicar una estrategia con el objetivo de ejercer el poder fáctico a través del miedo y el acoso, fomentando el desaliento cívico, la confusión política y la competencia desleal del partido en el poder en pleno proceso electoral, utilizando como instrumento de acción política el uso selectivo de las fuerzas armadas que se encuentran bajo las caprichosas órdenes de Felipe Calderón, en aparente cumplimiento de órdenes ejecutadas al margen de la ley.

Consideró que el verdadero objetivo de la persecución federal no es el cumplimiento de la ley que el gobierno de Felipe Calderón es el primero en desconocer, sino el descrédito de los gobiernos emanados de nuestro partido (PRD), como lo fue el Distrito Federal en 2005, y Zacatecas y Michoacán, en 2009, pues les urge asegurar una mayoría de diputados panistas en el Congreso de la Unión.

Familias michoacanas

“Dos familias han generado un terrible daño a Michoacán: una es el grupo delictivo denominado La Familia Michoacana, y otra la familia Calderón Hinojosa. Las dos han dejado una estela terrible”, señaló la dirigente estatal del PRD, Fabiola Alanís.

Calificó a Luisa María Calderón, secretaria estatal de Asuntos Electorales del PAN, y hermana del presidente Felipe Calderón, como delincuente electoral, que manipula las investigaciones de la PGR para sacar ventaja.

Alanís acusó también a Germán Tena, líder estatal del blanquiazul, de vocero oficioso de los Calderón, de tener conocimiento explícito de los pasos que va a seguir la persecución de la presunta red de apoyo de grupos criminales en la entidad, información que el gobierno federal le niega al gobernador Leonel Godoy, pero que forma parte de la estrategia electoral panista.

Alanís Sámano aseveró que existe una campaña de acoso político y financiero en contra del gobierno de Godoy, quien contrario a Calderón, sí ganó legítimamente en las urnas. Y preguntó: ¿Qué le hemos hecho los michoacanos a Felipe para tratarnos tan mal? Ella misma se respondió: Creo que nuestro pecado fue haberlo derrotado en las urnas en 2006 y hasta ahora no nos ha perdonado.

Por otra parte, en Acapulco, Alejandro Encinas, candidato a diputado plurinominal por el PRD, opinó que las aprehensiones de funcionarios y alcaldes de Michoacán violaron la Constitución y son actos dictatoriales del gobierno federal e indicó que se debe actuar contra el crimen organizado, pero conforme a las leyes.

(Con información de Misael Habana, corresponsal)