Madrid, 27 de mayo. El Tribunal Supremo español admitió hoy a trámite una querella interpuesta por el sindicato de la asociación Manos Limpias contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939 y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

Este sindicato, de extrema derecha y próximo a los resabios franquistas que perduran en la sociedad española, asegura que el magistrado abrió una causa a sabiendas de que no era competente para poner en marcha una investigación, por lo que lo acusa de prevaricación.

Manos Limpias le imputa al juez el haberse excedido en sus funciones durante su actuación en el sumario que intentó investigar los crímenes perpetrados durante la Guerra Civil española, la posguerra y la larga dictadura fascista.

En octubre, Garzón admitió a trámite una querella presentada por diversas asociaciones de víctimas de la represión franquista para que se investigaran las responsabilidades penales de los miles de crímenes cometidos durante la guerra y la dictadura, tras lo cual el magistrado inició una indagación en la que acusó de diversos delitos a 44 militares españoles, encabezados por Franco y todos ellos ya fallecidos.

La causa fue archivada meses después cuando Garzón se vio confrontado con la Fiscalía, que se oponía a la investigación bajo el amparo de una ley de amnistía de 1997, por la cual proscriben los delitos de esa epóca, con lo que se volvieron a cerrar las puertas de la justicia a las víctimas y sus familiares, sobre todo de los que aún reclaman la implicación del Estado para recuperar los restos mortales de sus familiares, diseminados en miles de fosas comunes.

La agrupación Manos Limpias se querelló contra Garzón, al considerar que dictó resoluciones injustas a sabiendas de que lo son, al iniciar un procedimiento para la investigación y exhumación de las fosas del franquismo sin tener competencia para ello y en contra del criterio de la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Afirmó que el magistrado prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido, de la irretroactividad de la ley penal, de la ley de amnistía de 1977 y de sus propios actos y autos, en los que rechazó como genocidio los asesinatos de Paracuellos del Jarama, un municipio situado en la Comunidad Autónoma de Madrid.

El Tribunal Supremo citará ahora a declarar al magistrado español como imputado, quien se declaró tranquilo y señaló que la ley es igual para todos.