San Francisco, 26 de mayo. La Suprema Corte del estado de California decidió esta mañana convalidar la votación que en noviembre del año pasado prohibió el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En una controvertida decisión, la Corte consideró que es válida la votación mediante la cual una mayoría de ciudadanos estimó ilegales esas uniones. Entre los diversos tecnicismos de la opinión, plasmada en más de 180 cuartillas, los seis ministros que sufragaron por convalidar lo aprobado en noviembre –sólo uno se opuso– señalaron que se respetaba la voluntad soberana del pueblo de California, que mayoritariamentes negó el derecho a celebrar matrimonios gays.

La decisión de la Corte introdujo una opinión cuyos efectos dan lugar a una controversia aún mayor, al precisar que las parejas que contrajeron matrimonio antes de la votación de noviembre, durante los meses en que estuvo autorizado, continuarán considerándose legítimos por las leyes del estado. En pocas palabras, la comunidad gay estará dividida entre matrimonios legalmente reconocidos, unos 18 mil en California, y varias decenas de miles que no gozan de ese derecho. Se da así estatuto legal a la discriminación de un amplio sector de la sociedad.

Como se esperaba, en todo el estado ha habido movilizaciones de protesta y se espera una ola de amparos en cortes federales para impugnarla. También se prepara una gran movilización para formular una nueva propuesta de ley que en el próximo periodo electoral –2010– autorice el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En la mayoría de los programas de radio, dentro y fuera del estado, abundaron las opiniones sobre las implicaciones legales de tal decisión, y al parecer hay consenso entre los especialistas en la materia de que es violatoria del precepto constitucional que establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Abundaron llamadas de radioescuchas que, al margen de tecnicismos legales, comentaron que moralmente es un atropello a los derechos de las minorías por el solo hecho de pensar y actuar diferente a la siempre avasalladora y frecuentemente sesgada decisión de una mayoría que parece haberse mimetizado con los sectores más conservadores.

No faltó quien comentara que la votación estuvo amañada por la confusa forma en que se presentó a los electores. Muchos no cayeron en cuenta que votaban en contra de sus convicciones, además que diversas organizaciones religiosas lanzaron una masiva e insidiosa campaña en los medios de comunicación y desde el púlpito.

También hubo entre los radioescuchas quienes calificaron de fraudulenta la votación, no por la contabilidad de los votos, sino porque el proceso previo estuvo cargado de anomalías, y agregaron que si la Constitución estatuye claramente la separación entre Estado e Iglesia, ésta debe abstenerse de hacer proselitismo. Las decisiones de gobierno, añaden, atañen al funcionamiento del Estado y no están determinadas por la fe. A la hora de pagar impuestos no hay distingos entre el contribuyente gay o no, o si se pertenece a tal o cual religión o partido político.

Para otros no se trata sólo un problema semántico, relacionado con el uso de la palabra matrimonio en las uniones homosexuales, sino de un problema de principios y, en último caso, de derechos humanos.

Se espera una larga batalla en todos los frentes ante una decisión que ha cimbrado los cimientos sociales de California y que de alguna forma tendrá impacto en el resto de la nación.