Zacatecas, Zac., 26 de mayo. Elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal Preventiva detuvieron este martes por la tarde a cinco presuntos zetas durante operativos realizados en los municipios de Fresnillo y Tabasco, en el norte y sureste de la entidad, respectivamente.

Con apoyo de un helicóptero realizaron varias incursiones por zonas rurales de Fresnillo, y en la comunidad de Buena Vista detuvieron a Juan Carlos Ramírez Gandarilla, Baltazar Sánchez Casas, Antonio López López y Juan Guadalupe Saguayo Rivera, de 34, 28, 27 y 29 años, respectivamente.

Los cuatro estaban rapados y en la acción se les decomisaron dos fusiles AR-15, una carabina calibre 30, dos escopetas calibre 12, cuatro armas cortas tipo escuadra, 18 cargadores y mil 347 cartuchos útiles, además de chalecos tipo tácticos, distintas fornituras, dos vehículos y casi una tonelada de mariguana.

En distinta operación, un sujeto llamado Fernando Ruiz Rodríguez, de 50 años, también fue detenido en el municipio de Tabasco, y se le incautaron dos armas de fuego, cartuchos, fornituras y un vehículo, aunque no se dijo si los cinco serían remitidos al penal de mediana seguridad de Cieneguillas, municipio de la capital, donde el 16 de mayo hubo una fuga masiva de pistoleros y narcotraficantes.

Por otra parte, en conferencia de prensa vespertina, el senador del PT con licencia Ricardo Monreal Ávila nuevamente ofreció a la gobernadora Amalia García una tregua política, en cuyo transcurso los candidatos de su partido no abordarían la seguridad pública como tema de campaña.

Tenemos que cerrar este capítulo. Somos gente de buena fe y nuestro equipo participa constitucionalmente como cualquier otro partido. Lo único que pedimos es respeto como expresión política en el estado, expuso.

Dirigiéndose a Amalia García, el también ex gobernador consideró que es momento de construir un pacto por la seguridad como la gente reclama, y ante tal premisa los candidatos petistas decidieron intensificar sus campañas.

Empero, Monreal mantuvo sus recientes imputaciones de que en el gobierno estatal hay funcionarios con presuntos vínculos criminales.