En lo que va del sexenio se han registrado 90 casos de intolerancia, persecución y discriminación contra cristianos. No obstante, el gobierno federal sólo reconoce tres, lamentó Óscar Moha, presidente de la organización no gubernamental Voz de los Mártires, quien adelantó que en la reunión anual de esta agrupación internacional (con presencia en 17 países) se declarará a México foco rojo, por ser un país donde no se respeta la libertad religiosa.

En entrevista con este diario, Moha precisó que el próximo primero de junio entregarán al presidente Felipe Calderón la documentación de dichos casos, a fin de que el gobierno tenga conocimiento real de la situación y deje de hacer caso omiso de estas circunstancias, identificándolas sólo como pleitos entre particulares, partidos o asuntos sociales y culturales.

Precisó que a pesar de que en la Constitución está consagrado el derecho a la libertad religiosa, en los hechos es letra muerta, especialmente en las comunidades indígenas, mientras el gobierno, por medio de la Secretaría de Gobernación, sólo se aboca a tomar nota de las situaciones reportadas. Las oficinas de asuntos religiosos están rebasadas; reciben los casos, dan visto bueno de aceptados y ahí queda el asunto, señaló.

Citó como ejemplo lo que está ocurriendo a un grupo de 70 cristianos evangélicos de la localidad Ángel Albino Corzo, en el municipio de La Trinitaria, Chiapas, quienes denunciaron que por órdenes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, les fue prohibido comprar y recibir alimentos básicos que expende el gobierno federal en tiendas comunales por el hecho de profesar otra religión distinta a la mayoritaria.

En tal sentido, apuntó que miembros de la iglesia Adventista y Tiempo de Sembrar acusaron al delegado de gobierno estatal, José Lenin Montejo Pech, de ignorar un acuerdo firmado hace más de un año por autoridades locales y los grupos evangélicos, donde se comprometen a respetar los derechos de la minoría religiosa.

Los afectados de esta comunidad expresaron a Voz de los Mártires: pretenden matarnos de hambre y despojarnos de nuestras propiedades por el solo hecho de ser cristianos... y la autoridad se pone de parte de ellos para violar nuestros derechos, porque a fuerza nos quieren hacer pagar cuotas para fiestas católicas.

Voz de los Mártires documentó que en mayo del año pasado, las autoridades locales cortaron la energía eléctrica y el agua potable a los evangélicos que se negaron a pagar más de 200 pesos por familia por concepto de cooperación para fiestas patronales.