Aun cuando el Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados aseguró que el gobierno de Felipe Calderón ha hecho mella en la estructura financiera de la delincuencia organizada, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión en San Lázaro evaluó que el lavado de dinero no es combatido con eficacia, y recordó que desde 1989, cuando se tipificó este delito, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha obtenido 25 sentencias.

Las aprehensiones y sentencias contra narcotraficantes por operaciones con recursos de procedencia ilícita, señaló el centro, no tienen relación con el volumen de dinero que entra al país por venta de drogas, que se calcula en 17 mil 200 millones de dólares anuales provenientes de Estados Unidos.

En el informe El lavado de dinero en México, escenarios y propuestas legislativas, refiere que de acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, durante la administración calderonista se ha sancionado con multas de 6.3 millones de pesos a 71 instituciones financieras por operaciones dudosas o irregulares, previstas en la Ley de Instituciones de Crédito.

Las multas fueron para 18 bancos, 19 oficinas de representación de bancos extranjeros, 320 sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles) y dos inmobiliarias.

A las instituciones de crédito se les sancionó con 2.8 millones de pesos, a las Sofoles con 1.9 millones, a las oficinas de instituciones foráneas con 88 mil pesos y a las inmobiliarias con 354 mil pesos.

Además, explicó que la persecución del delito por parte de la PGR, si bien refleja que se han iniciado 496 averiguaciones previas desde 2004, en su mayoría están relacionadas con personas que trasladan dinero de manera ilícita, pero no en las grandes operaciones de lavado de dinero.

De esas indagatorias, sólo se consignaron 233 ante jueces, que en su caso han dictado únicamente 47 sentencias contra individuos, que –resalta– fueron aprehendidos en aeropuertos con fuertes cantidades de recursos, durante operativos o por denuncias anónimas.

En consecuencia, las sentencias son generalmente bajas, pues en estos casos se tipifican modalidades como el transporte o la custodia del dinero, y sólo en otros claramente vinculados con alguna organización delictiva se consigna por delincuencia organizada, asegura.

También el centro de estudios refirió que desde el inicio del sexenio de Calderón, el Fondo Monetario Internacional remitió 126 denuncias ante la PGR por transferencias por 31 mil 357 millones de pesos que podrían considerarse lavado de dinero, pero las investigaciones no han avanzado.

A su vez, en entrevista, el vicepresidente de la mesa directiva y diputado del PAN, José Luis Espinosa Piña, afirmó que “la ola de narcomantas” colocadas recientemente por presuntos narcotraficantes en varias ciudades del país, constituye “una respuesta a la estrategia del gobierno, que ha hecho mella en la estructura financiera de los cárteles”.