Nueva York, 20 de mayo. La transición de un régimen de tortura en Estados Unidos se ha enredado en una gran disputa política que deja en entredicho el fundamento democrático de la rendición de cuentas, mientras que todo país que haya ratificado la Convención Internacional contra la Tortura puede incidir ahora en este asunto, ya que tiene la obligación de detener y fiscalizar a cualquier integrante del gobierno de George W. Bush involucrado en abusos que pise su territorio.

Al centro de todo esto hay un hecho indisputable: la tortura es un crimen tanto bajo la ley federal estadunidense como bajo la ley internacional, afirman defensores de derechos humanos.

Lo que necesitamos es transparencia, y un fiscal especial asignado a investigar y proceder judicialmente contra la gente que participó en la tortura, afirmó Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales (CCR) –una de las principales organizaciones que han investigado y procedido legalmente contra el gobierno de George W. Bush por las violaciones a los derechos humanos en su guerra contra el terror– en entrevista con La Jornada.

Ante las recientes decisiones de la Casa Blanca de retroceder en la investigación de los responsables y la divulgación de material que documenta estos abusos, Ratner, entre otros defensores de derechos humanos, acusan al gobierno de Barack Obama de otorgar impunidad a quienes torturaron durante ocho años al no proceder contra ellos. Si esperan una rendición de cuentas en países que participaron en las guerras sucias en América Latina y otros países, cómo pueden hacer esto y no rendir cuentas aquí.

El papel de países firmantes de la convención contra el abuso

Ratner afirmó que los países latinoamericanos, como cualquiera que ha ratificado la Convención Internacional Contra la Tortura, también pueden actuar. Si un funcionario del gobierno de Bush involucrado en casos de tortura viaja a cualquier país que haya ratificado esa convención, dicho Estado no sólo tiene el derecho, sino la obligación, de detenerlo e iniciar una investigación criminal contra esa persona. Esto incluye a todo el gabinete de ese gobierno, incluidos Dick Cheney, Condoleezza Rice, Donald Rumsfeld, John Ashcroft y Alberto Gonzales, entre otros.

Pero aquí lo que está en disputa no es si la tortura es un crimen, ni qué clase de técnicas constituyen tortura. El problema es político, ya que no fueron algunos republicanos o algunos funcionarios, sino buena parte de la cúpula política del país (republicanos y demócratas), quienes estaban enterados de esta grave violación de las leyes nacional e internacional.

Esto quedó claro cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, primero acusó al gobierno de Bush y a la CIA de engañar al Congreso sobre la aplicación de algunas técnicas durante los interrogatorios a sospechosos, para lo cual reiteró que ella no estaba enterada del uso del waterboarding y otras técnicas de tortura, sólo que después fue obligada por la CIA a admitir que sí había recibido información al respecto, pues la agencia demostró haberle informado desde 2002 sobre la aplicación de estas técnicas.

Varios de sus colegas enfrentan la misma vulnerabilidad política, como acusan sus contrapartes republicanas. En las sesiones informativas a puerta cerrada ante los comités de inteligencia donde se detalló el programa de interrogatorios, incluido el waterboarding, estaban presentes legisladores de ambos partidos, y ni uno solo expresó su oposición, entre ellos Pelosi y/o su equipo. Eso explica, afirman algunos observadores, por qué pocos legisladores desean nombrar a un fiscal especial para investigar esto, y prefieren una comisión bipartidista, o audiencias a puerta cerrada.

Por otro lado, quedó clara la feroz respuesta del gobierno permanente (la burocracia) de Washington, y sobre todo la de seguridad nacional (Pentágono, comunidad de inteligencia) cuando la semana pasada Obama decidió, después de consultar con generales, revertir su postura de permitir la difusión de fotos mostrando el abuso a detenidos por agentes de Estados Unidos en el extranjero.

La publicación de estas fotos no añadiría ningún beneficio a nuestro entender sobre qué fue llevado a cabo en el pasado por un pequeño número de individuos. De hecho, creo que si estas imágenes son difundidas, las consecuencias más directas serían el aumento de posturas antiestadunidenses y colocaríamos a nuestras tropas en peligro, argumentó el presidente el 13 de mayo.

Esta decisión, y la de permitir que procedan los juicios contra detenidos mediante el controvertido mecanismo judicial de comisiones militares creadas por Bush, y la ambivalencia de la Casa Blanca ante cómo proceder en las investigaciones y potenciales fiscalizaciones de altos funcionarios del gobierno anterior que aprobaron y ordenaron la tortura, han desilusionado a organizaciones de derechos humanos y civiles en este país.

Esto esencialmente deja sin sentido el compromiso del presidente Obama de transparencia y rendimiento de cuentas que hizo en los primeros días después de tomar posesión, dijo Amrit Singh, abogado del ACLU, quien encabezó el caso para que un tribunal ordenara al Washington Post la difusión de las fotos. Acusó que el gobierno de Obama se ha hecho esencialmente cómplice de la tortura desenfrenada durante los años de Bush.

Para Kenneth Roth, director de Human Rights Watch, estas decisiones de Obama son decepcionantes, y en torno a los fotos indicó que aunque indudablemente generarían furia en la región, la mejor forma de amortiguar ese enojo sería asegurar que los responsables rendirán cuentas.

Sin embargo, la difusión de los memorándums y otros documentos ya han desatado un intenso debate sobre cómo abordar lo que fue un régimen de tortura y hay propuestas para procesos judiciales contra altos funcionarios del gobierno de Bush, investigaciones formales de la legislatura, comisiones de la verdad o una investigación oficial independiente de alto nivel, junto con la de un fiscal especial con poder de proceder legalmente contra los responsables. Pero los intereses políticos aún no permiten llegar a un consenso sobre cómo enfrentar las consecuencias de lo que fue un régimen de tortura.

“No importa qué tanto el presidente Obama intente dar vuelta a la página sobre el gobierno anterior, no podrá. Hasta que exista verdadera transparencia y un rendimiento de cuentas, las revelaciones de esa pesadilla de ocho años… seguirán lloviendo gota a gota, interrumpiendo las altas ambiciones del nuevo gobierno”, advierte Frank Rich, columnista político del New York Times.

En tanto, Obama sufrió hoy una derrota en su intento por cumplir con su promesa de clausurar el centro de detenciones de Guantánamo cuando el Senado, de manera abrumadora (90 contra 6), votó para anular los fondos (80 millones) solicitados por la Casa Blanca para ese fin. Ese repudio de senadores de ambos partidos se centró en quejas de que Obama no había presentado un plan detallado de qué hará con los 240 reos que permanecen en ese centro, y por oposición de varios legisladores a que esos detenidos peligrosos sean enviados a territorio nacional, aun si están en prisiones de máxima seguridad. Esto complica la intención de Obama de cerrar Guantánamo antes del 22 de enero de 2010.