La Paz, 16 de mayo. La comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados de Bolivia dio a conocer la identidad de tres nuevos involucrados con la red terrorista desarticulada en Santa Cruz el 16 de abril, cuyos nombres fueron encontrados en el bolsillo del boliviano-croata Eduardo Rózsa, el cabecilla que murió al oponerse a su detención durante una operación policial.

Entre los implicados, según cita el diario estatal Cambio, aparece Juan Líder Paz, ingeniero de profesión y quien, de acuerdo con las pesquisas, financiaba a los extremistas de derecha. Esta persona estuvo prófuga hasta el jueves, pero ayer su abogado presentó una solicitud en que establece domicilio procesal para que declare ante el fiscal Marcelo Sosa.

El segundo involucrado es Héctor Renato Laguna, también ingeniero de profesión, encargado de reclutar a jóvenes derechistas de la llamada Falange Socialista Boliviana para ejecutar actos separatistas y sediciosos.

El tercero es Enrique Vaca, prófugo, del directorio de la Feria Exposición de Santa Cruz y quien facilitó su credencial a Rózsa.

En tanto, la comisión especial tomó declaración durante la víspera al ciudadano boliviano Ignacio Villa Paz (apodado El Viejo), considerado testigo clave de la fiscalía ya que era una de las personas más cercanas a Rózsa.

En sus declaraciones Villa reiteró sus acusaciones al implicar a las autoridades políticas de la oposición de derecha y del sector empresarial del departamento (gobernatura) de Santa Cruz.

Según Villa, el grupo armado era apoyado por el prefecto de esa región, Rubén Costas, y los empresarios Branko Marinkovic, Mauricio Roca y Guido Nayar, los principales opositores al gobierno del presidente Evo Morales.

Es un sector que además encabezó el movimiento autonomista, al que el gobierno central acusó en repetidas ocasiones de separatista junto con otras regiones.

En tanto, cinco años, seis meses y un día habrá transcurrido hasta el próximo lunes cuando arranque el juicio contra el ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, sus ministros y jefes militares, todos imputados por la muerte de al menos 67 personas y decenas de heridos en octubre de 2003 por una convulsión social en la localidad de El Alto, vecina a La Paz.

Crímenes de lesa humanidad

El ex mandatario y sus ministros están acusados por genocidio, crímenes de lesa humanidad y delitos económicos tras la represión militar y policial durante la llamada guerra del gas en El Alto.

Pero en el juicio oral previsto para el lunes en Sucre, sede de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, estará ausente el principal imputado, el ex presidente Goni Sánchez de Lozada, un rico empresario minero que reside en Estados Unidos desde el día en que huyó de Bolivia, el viernes 17 de octubre de 2003, tras renunciar a su mandato y ceder su puesto a su vicepresidente Carlos Mesa.

Goni, un boliviano que habla como un estadunidense porque se crió y educó en Chicago, no será el único que no asista a la primera audiencia del juicio.

Los otros connotados ausentes serán los ex ministros Carlos Sánchez Berzaín, de Defensa; Jorge Berindoague, de Minería e Hidrocarburos, y Guido Añez, de Agricultura. Los tres tienen su residencia en Estados Unidos.

Otros tres ex funcionarios se hallan refugiados en Perú, de varios más se desconoce su paradero, pero tres ex ministros se han declarado listos para comparecer.

También se presentarán cinco ex altos mandos militares de esa administración: Roberto Claros, Gonzalo Rocabado, Juan Véliz, Luis Alberto Aranda y José Oswaldo Quiroga, quienes niegan los cargos de haber disparado contra la población indefensa.