León, Gto., 16 de mayo. La doctora me dijo que hice muy mal, que debía informar al Ministerio Público pues mi conducta se paga con la cárcel, recordó María, una de las guanajuatenses denunciadas por abortar, cuyo testimonio difunde la organización Human Rights Watch (HRW) en su página web.

María, de 19 años, conoció a un chico en la cafetería donde trabajaba y empezaron a salir. Para ella fue la primera experiencia sexual, y dos meses después ya estaba embarazada. Una amiga le sugirió pastillas contraceptivas y comenzó a ingerirlas al cuarto mes, pero sus efectos la hicieron acudir al hospital, donde médicos de la Secretaria de Salud vieron que intentó abortar.

Me trataron como si no valiera nada; me regañaron y dijeron que eso no se hacía, recuerda la joven, que expulsó el producto acostada en una camilla mientras unos 10 médicos residentes le tomaban fotos contra su voluntad. Luego la denunciaron ante el Ministerio Público.

El 5 de marzo pasado, HRW también exigió al gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, poner fin a la práctica ilegal de impedir que víctimas de violación cancelen embarazos indeseados, y no consentir la detención de las que solicitan apoyo médico tras practicarse legrados. Pero el mandatario panista guardó silencio, dijo Verónica Cruz Sánchez, directora del centro Las Libres.

En ocho años, médicos estatales denunciaron a 130 mujeres que solicitaron atención hospitalaria por complicaciones tras abortar.