El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) denunció la omisión del Ejecutivo federal respecto a la queja que varias organizaciones ambientalistas y culturales le presentaron acerca de la inconstitucionalidad de la Ley General de Turismo, aprobada el pasado 15 de abril por la Cámara de Diputados y el 23 de abril por el Senado, porque consideran que dicha legislación atenta contra la seguridad y conservación de los patrimonios arqueológico, histórico, antropológico y natural de la nación.

Según esta organización, la ley se aprobó al vapor, aprovechando la distracción de la opinión pública en la epidemia de la influenza, y este 11 de mayo se venció el plazo para que el Presidente de la República, atendiendo la demanda de las organizaciones civiles, la revisara y emitiera las modificaciones necesarias para hacerla menos depredadora.

Las organizaciones Flora, Fauna y Cultura de México, Centro Ecológico Akumal, Defenders of Wildlife México, Fundación Orígenes Quintana Roo, Hotel Nueva Vida de Ramiro, Cemda, Yaxche, Delegación Sindical Investigadores y Docentes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Moce Yax Cuxtal y Greenpeace México enviaron una carta al presidente Felipe Calderón Hinojosa, fechada el 22 de abril, solicitándole que revisara la ley, pues si bien reconocen y respaldan el turismo como actividad que impulsa la economía, éste no se puede anteponer a los intereses de los patrimonios arqueológico y natural del país. Sin embargo, el Ejecutivo omitió la solicitud ciudadana.

Sugerencias y contrariedades

En el documento, las organizaciones firmantes aseguran que el artículo 28 de la ley es inconstitucional, ya que en los ordenamientos turísticos que plantea se otorgan facultades de los municipios a los estados, lo que se contrapone al artículo 115 constitucional, fracción 5.

Consideraron que esta ley debe incorporar un apartado específico que proteja el patrimonio cultural, con base en los acuerdos suscritos por México en la Carta Internacional sobre Turismo Cultural, la Carta de Bruselas o la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, entre otros aplicables.

Además, sostuvieron que se debe incluir la participación del INAH y de reconocidos especialistas en protección de los patrimonios arqueológico y antropológico, como integrantes del comité técnico y en los consejos consultivos que plantea la ley, con derecho no sólo a voz sino a voto, para la confección de las políticas públicas y los ordenamientos turísticos del territorio, así como la aprobación de proyectos turísticos en todos los casos relacionados con monumentos y zonas arqueológicas.

Por otro lado, expresaron su contrariedad a que esta ley no establezca la obligatoriedad de que las instancias de gobierno realicen estudios de impactos ambiental, económico, social y cultural de todos los desarrollos turísticos a realizarse en el país, particularmente en las zonas de mayor vulnerabilidad ambiental, como las costas, o social, como las zonas indígenas.

Añadieron que esta ley tampoco establece la responsabilidad del sector turismo frente a los efectos del cambio climático, para que reduzcan emisiones de gases y establezcan medidas de adaptación del sector a las consecuencias de este fenómeno.

Entre otras observaciones, también afirmaron que esta ley permite que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) siga actuando como agencia inmobiliaria, vendiendo terrenos a bajo precio y construyendo sin permisos ambientales, en vez de ser una verdadera agencia de fomento integral del turismo sustentable.