res crisis han estado convergiendo recientemente. La crisis económica de origen externo en principio pero montada sobre un largo periodo de casi 30 años de estancamiento. No sólo no se crece al ritmo que demanda la estructura demográfica del país, sino que además se profundiza la desigualdad económica y social.

La crisis de seguridad consiste en la incapacidad de los órganos del Estado de proveer adecuada protección a sus ciudadanos. En parte porque muchos de ellos se presume estar penetrados por los intereses de la delincuencia organizada. Pero también porque la capacidad de proveer una respuesta ágil y eficaz a las amenazas que se ciernen sobre la seguridad de las mexicanas está sumamente disminuida. Como demostró el caso de la emergencia reciente por la influenza humana, décadas de haber supuesto como Reagan que el Estado era el problema y no la solución se tradujeron en presupuestos disminuidos y sobre todo en facultades dañadas de los instrumentos clave del Estado para enfrentar emergencias sanitarias, medioambientales o alimentarias; por no subrayar la emergencia frente al crimen organizado sin los instrumentos estatales adecuados para hacerle frente.

La tercera crisis es la que se encuentra, en mi opinión, en el centro de nuestros problemas actuales. Se trata de una crisis de representación política. Se expresa en el ámbito de los partidos políticos, pero no se circunscribe a éstos. Impacta el funcionamiento de órganos vitales como el poder legislativo y el Poder Judicial. Además, en un régimen presidencial la crisis del Poder Ejecutivo afecta todo el funcionamiento del aparato estatal. Más allá de los aparatos directos esta crisis de representación se extiende a las instancias de representación social: las corporaciones sindicales y empresariales de manera significativa. También alcanza a los órganos del Estado no gubernamentales y notoriamente al IFE, cuyo descrédito no podría ser mayor. Todas las encuestas de opinión recientes resaltan un punto: el creciente extrañamiento de la ciudadanía frente partidos, congresos, órganos del Estado, actores políticos.

Las tres crisis que se presentan han confluido en una forma de gobernar que ha sido notoria en los pasados 15 años. El efecto de vetos cruzados, ausencia de reglas que inciten a la cooperación política y en consecuencia alianzas políticas endebles y vergonzosas –es decir ajenas al escrutinio público– ha llevado a un proceso de decadencia administrada. El cortoplacismo no sólo pospone soluciones a problemas ingentes que arrastramos de mucho tiempo. Sobre todo erosiona la capacidad del Estado para transformar sus reglas de funcionamiento, para emprender grandes transformaciones sociales que requieren para implantarse de un amplio consenso social.

La decadencia administrada es producto de la incapacidad de los principales actores políticos para acordar mecanismos que permitan afrontar el cúmulo de problemas sociales, económicos y políticos. El mínimo consenso que se generó para impulsar la reforma electoral de 1996 transportaba un supuesto: serían las elecciones las que definirían una nueva coalición gobernante. No ha sido así. Lo que ha surgido de las elecciones es un gobierno dividido y actores renuentes a emprender un camino de normalización democrática.

En vez de encontrar reglas que permitan arribar a grandes acuerdos nacionales, cada actor cree que va a terminar por noquear al contrincante e instalarse en una situación de control mayoritario. Los principales actores políticos buscan un poder sin deliberación ni fiscalización. Y lo que termina por colmar este vacío de acuerdos políticos son los escándalos. Pueden estar instrumentados o no, pero no son inventos. El pasado termina por corromper el presente y nublar el futuro. Se trata de un regreso del Estado, con venganza. Ésta ya se está despuntando en las elecciones intermedias.

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