Casi tres meses después de que Luis Téllez, ex secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentó en la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal para que se sancione a quienes grabaron e hicieron públicas diversas llamadas telefónicas privadas del ahora director de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la fiscalía encargada de ese caso aún no tiene una sola pista para ubicar a algún presunto responsable de esos hechos.

Lo anterior se pudo conocer luego de que el fiscal de delitos cometidos por servidores públicos de la PGR interrogó el pasado miércoles en calidad de testigo a Héctor Osuna, titular de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), ya que durante esa diligencia se impidió al funcionario hacer valer su derecho de silencio, como lo establece el artículo 243 del Código Federal de Procedimientos Penales, respecto a los familiares y personas de confianza de cualquier inculpado.

El interrogatorio se dio bajo el argumento de que esta averiguación todavía es contra quien resulte responsable; aún no hay indiciados definidos, reveló a La Jornada una fuente de la PGR que tiene acceso al expediente.

El artículo 243 de la ley que regula las normas penales federales refiere: no se obligará a declarar al tutor, curador, pupilo o cónyuge del inculpado ni a sus parientes por consanguinidad o afinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grados y en la colateral hasta el cuarto inclusive, ni a los que estén ligados con el inculpado por amor, respeto, cariño o estrecha amistad.

Durante la diligencia ministerial, el testigo contestó entre 25 y 30 preguntas que le hizo la fiscalía, aunque según las fuentes consultadas sólo dos fueron importantes: en una rechazó que él hubiera entregado a Purificación Carpinteyro un cedé con el contenido de las llamadas (eso ha dicho la ex subsecretaria de la SCT a los medios de comunicación); en otra respuesta, Osuna aseguró que su relación con Carpinteyro fue estrictamente laboral.

Esta es la primera ocasión que comparece Héctor Osuna en esta indagatoria. Carpinteyro lo hizo en marzo pasado, cuando al parecer rechazó someterse a una prueba grafoscópica con la que el Ministerio Público Federal busca determinar si la letra de una carta amenazadora que recibió Luis Téllez fue escrita por ella.

Las llamadas

Hace casi tres meses, el departamento jurídico de la SCT presentó en la PGR una denuncia contra quien resulte responsable por divulgar una grabación en la que se escucha a Téllez decir que Carlos Salinas robó la mitad de la partida secreta de la Presidencia.

Además de la anterior denuncia, Téllez presentó a finales de febrero una querella en la que señaló a Carpinteyro como presunta responsable de la intervención ilícita de diversas comunicaciones privadas del ex titular de la SCT.

El escándalo por el caso de las llamadas de Téllez se inició el pasado 12 de febrero, cuando Carmen Aristegui difundió en su noticiario radiofónico la grabación de una charla entre personas cercanas al ex secretario en que éste, creyendo hablar en privado, expresó opiniones desdeñosas sobre los ex presidentes José López Portillo y Carlos Salinas.

Ese mismo día, la revista informática Reporte Índigo difundió extractos de ocho audios de conversaciones de Téllez con el abogado Juan Velásquez, y varios de sus colaboradores, en las que se comentan tres temas: uno relacionado con un juicio de amparo promovido por la empresa de telefonía celular Telcel; otro con los resultados financieros adversos del Servicio Postal Mexicano, y otro más sobre el Aeropuerto Internacional de Toluca.