La Paz, 7 de mayo. La propuesta de pacto antiterrorista del gobierno boliviano se encamina a establecer la expropiación de bienes y cárcel para los implicados en actividades irregulares, incluyendo las acciones de grupos armados y separatistas, se estableció durante la reunión a que convocó a todos los sectores nacionales el presidente Evo Morales.

En esa perspectiva, se trata de legislar para neutralizar toda fuente de financiamiento a las actividades separatistas y terroristas, elaborar un marco jurídico que sancione el terrorismo, el delito de traición a la patria y una condena a la utilización de entidades cívicas para amparar delitos que deben ser respondidos de manera personal, informó hoy el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sobre el encuentro celebrado ayer a convocatoria del propio Morales.

El representante de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Gabriel Dabdoub, no firmó el documento, suscrito por cinco de los nueve prefectos (gobernantes) departamentales, representantes de organizaciones campesinas, sindicales, indígenas y cooperativistas, entre otros, así como miembros del alto mando de las fuerzas armadas e integrantes del gabinete gubernamental.

De hecho, los prefectos opositores de Santa Cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca no asistieron a la reunión; tampoco lo hicieron políticos opositores como el presidente del Senado, Oscar Ortiz, del derechista Poder Democrático y Social. Es decir, los principales sectores de la derecha política y regional dieron la espalda a la iniciativa presidencial.

La prefectura cruceña, en una declaración del secretario de Autonomía, Carlos Dabdoub, en su sitio web, lamentó las acusaciones lanzadas por el oficialismo y rechazó los calificativos de separatistas y divisionistas contra el departamento cruceño y sus líderes políticos, sociales y empresariales. Además, ya antes los líderes opositores de Santa Cruz se habían desligado del grupo sedicioso armado desmantelado por la policía en abril pasado.