Pese a que el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó desde 2007 dar a conocer las averiguaciones existentes en contra de la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, la Procuraduría General de la República (PGR) no sólo volvió a establecer la clasificación de aquéllas, también advirtió que ya impugnó ante tribunales judiciales la resolución que hace dos años emitió el IFAI, donde le ordena difundir ese y otros datos.

La PGR respalda la nueva clasificación de la información –que sólo es estadística–, en el hecho de que “se encuentra sub judice (pendiente de resolución judicial) el recurso de revisión 488/07, mediante el cual fue impugnado lo resuelto por el pleno” del IFAI, y que se encuentra relacionado con la presente solicitud.

En respuesta a la petición 0001700194508, donde se solicita el total de averiguaciones concluidas donde esté involucrada la lideresa del SNTE como presunta responsable, los presuntos delitos atribuidos a Gordillo, los casos en que se ejerció acción penal, los remitidos por incompetencia y los que no procedieron, la PGR estableció la clasificación por 12 años de cualquier dato vinculado con las indagatorias, a partir de este año.

Por tratarse de una averiguación previa contra una persona determinada, alegó, la apertura invadiría la esfera de datos privados del individuo en cuestión, aun cuando se trate de un personaje público.

Aunado a ello, arguyó que se trata de datos personales protegidos por la Ley Federal de Transparencia, y para difundirlos debe existir consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial, según el artículo 19 de esa ley.

Sin embargo, desde 2007 –cuando la PGR clasificó también por 12 años esos datos–, el IFAI había ordenado entregar el número de averiguaciones previas en torno a Gordillo. Incluso en la resolución 488/07, ahora impugnada, el IFAI advirtió que la PGR no podía declarar la reserva porque no había acreditado el daño que ocasionaría difundir datos estadísticos.

En 2007 ese instituto difundió también que contra Gordillo existía la averiguación previa AP/PGR/DDF/SPE/-XII/3041/05-09, y destacó que cualquier indagatoria concluida es de carácter público. Sólo Alonso Lujambio, ex presidente del IFAI, emitió un voto particular para manifestarse en contra de dar a conocer datos que afecten el buen nombre de la persona (Ordena el IFAI a la PGR desclasificar el caso Gordillo, La Jornada, 17/5/07).

Otro caso inédito es la negativa de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a difundir información sobre las causas que originan una indagatoria de evolución patrimonial, en qué consiste, lapso en que desarrolla la investigación, tiempos máximos en que debe efectuarla y otras cuestiones que se le plantearon.

A pesar de ser un asunto de su competencia, la SFP alegó que la solicitud no corresponde a información pública en el marco de la Ley Federal de Transparencia, y ordenó remitirla a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de esa dependencia, para que, en el ámbito de sus atribuciones, sea atendida de manera directa. El solicitante interpuso queja por negativa.