Santiago, 29 de abril. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó hoy la defensa de México ante las acusaciones de falta de protección y prevención por el asesinato de tres mujeres perpetrado en Ciudad Juárez en 2001. De esta forma finalizó el juicio contra el Estado mexicano. El fallo se dará a conocer antes de fin de año.

Los observadores en la audiencia pública, efectuada en las oficinas del antiguo Congreso chileno, en Santiago, manifestaron que en la presentación de alegatos del Estado mexicano hubo una sorpresiva pero esperada defensa de su política en este caso, en el cual no sólo se le acusa de omisión, sino también de amenazar a los testigos.

Tras el examen de las pruebas de la política de impunidad y la incapacidad de las autoridades regionales y nacionales para hacer justicia a las mujeres, los representantes gubernamentales insistieron en negar responsabilidad por lo ocurrido.

La procuradora del estado de Chihuahua, Patricia González, refutó cada uno de los cargos y aseguró que pronto se aclararán los asesinatos de Claudia González, Esmeralda Herrera y Laura Ramos, cuyos cadáveres mutilados y con signos de violación fueron encontrados en un campo algodonero en las afueras de Ciudad Juárez, Chihuahua, junto a otras cinco mujeres, la mayoría menores de 18 años.

No obstante, sólo estas tres víctimas, una de ellas menor de edad, por cuyas muertes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demandó a México por presunta falta de protección a las víctimas, fueron las únicas que pudieron ser identificadas.

Me voy de esta corte con la satisfacción por haber representado al Estado mexicano y su incansable trabajo por cambiar la lógica sobre los temas de género y el asesinato de mujeres en mi país, señaló González.

La procuradora, quien en todo momento sostuvo que no se negó apoyo a los familiares de las víctimas, afirmó que las autoridades mexicanas están en posición de resarcir e indemnizarlos por todo el daño que se les causó, tanto sicológico como físico.

González insistió en que pronto se resolverá el caso. Se ha hecho un trabajo intenso, con audiencias, equipos internacionales de antropólogos forenses y en permanente contacto con las madres de las víctimas. En unos meses, agregó, habrá resultados para dar con los responsables de esas muertes.

Uno de los abogados de las víctimas, Ariel Dulitzky, rechazó los argumentos de la defensa y denunció que hubo hostigamiento hacia las madres de las víctimas. El Estado mexicano volvió a entregar palabras y promesas vacías, señaló.

Las madres de las mujeres asesinadas creen que el dictamen de la CIDH, previsto para octubre o noviembre de este año, es su última oportunidad de obtener justicia.

Han sido años de lucha, de sacrificio y penas, pero esperamos que la corte nos dé la razón, porque sabemos que la tenemos, dijo Benita Monárrez, madre de Laura Ramos.