En el gobierno del presidente Felipe Calderón las fuerzas armadas mexicanas han cometido graves violaciones a los derechos humanos en las tareas de seguridad pública, y estos aberrantes abusos persisten en la impunidad, debido a que la justicia militar no funciona, y debido a que las autoridades civiles tienen temor y se resisten a exigirle al Ejército plena sumisión”, sostuvieron ayer con conferencia de prensa, José Miguel Vivanco, director para las Américas, y Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rigths Watch (HRW).

Ambos directivos de la organización señalaron lo anterior al presentar el informe de 85 páginas titulado Impunidad uniformada, uso indebido de la justicia militar para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública.

En ese informe, HRW hace un severo cuestionamiento al papel de la justicia militar, de la que cual dice no funciona, está rota, es poco transparente y ni el procurador militar ni las autoridades de la Defensa Nacional pudieron documentarnos un solo caso en que los militares acusados de cometer desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias hayan sido procesados y sentenciados.

Ningún militar procesado

En tono escéptico Vivanco y Roth expusieron: “a pesar de que a HRW le dijeron que había muchos casos de militares procesados por graves violaciones a derechos humanos, cometidas en operativos contra el narcotráfico y tareas de seguridad pública, cuando les pedimos nombres, no dieron uno solo. Al contrario, nos dijeron que en los pasados 11 años, únicamente ha sido procesado y juzgado un militar. Esto es decepcionante”.

Vivanco y Roth sostuvieron que el Ejército no está preparado ni educado para realizar las tareas de seguridad pública, para eso está la policía, sin embargo, precisaron que no cuestionaban la decisión del presidente Calderón de usar al Ejército para esas tareas, lo que criticaron es que no estén supervisados por la autoridad civil.

HRW sostuvo que para acabar con la impunidad persistente, en este y en los gobiernos anteriores, se requiere voluntad política, por lo que demandaron del titular del Ejecutivo “que no evada la realidad; en este informe hay 17 casos documentados de graves violaciones a derechos humanos cometidas por militares, y reconocidas por ellos, ya que en todos hay recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Son por violaciones sexuales, desaparición, ejecuciones, detenciones arbitrarias cometidas por militares contra la población civil en 2007 y 2008, como resultado de los operativos de combate al narcotráfico; que no evada más la realidad y que actúe”.

Le recomendaron a Calderón enviar al Congreso una reforma al fuero militar en el artículo 57, en la que al menos establezca expresamente que en los casos de presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas armadas contra la población civil, incluidas desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales, no pueden ser juzgados por la justicia militar y deben ser remitidos inmediatamente a los agentes del Ministerio Público locales o federales.

HRW sostuvo que “dado que el sistema de justicia militar no está sancionando a los responsables, es crucial que estos casos sean trasladados al sistema de justicia civil, para frenar los abusos aberrantes y contrarios a los principios que deben cumplir las fuerzas armadas en los operativos de seguridad: aplicar la ley y proteger a la población”.

Hay renuencia de la autoridad civil, resistencias y temor a  juzgar a los militares, sostuvieron Roth y Vivanco. No hay otra explicación. Ejemplificaron que fue decepcionante la entrevista con el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien se dedicó a responsabilizar a los procuradores de los estados, dijo que los delitos eran locales o estatales, y dejó en claro que él no está dispuesto a dar el cambio, es decir, a procesar en la justicia civil a los militares.

Del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, con quien también se entrevistaron, dijeron que primero se resistió a hablar del tema, pero ante la evidencia del informe, dijo que lo iba a analizar y si procedía recomendaría al gobierno algunas acciones. Pero notamos resistencia también en él.