En la audiencia pública convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de tres mujeres asesinadas en Ciudad Juárez en 2001, el Estado mexicano reconocerá que hubo negligencia en las primeras investigaciones que se realizaron al respecto, pero eso no permite hablar de impunidad, ya que desde 2005 se reiniciaron las pesquisas de acuerdo con los estándares internacionales de seriedad, imparcialidad y exhaustividad.

Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), explicó que en la sesión que tendrá lugar el 28 y 29 de abril en Santiago de Chile, la delegación gubernamental presentará, como parte de su defensa, el avance que han tenido las nuevas investigaciones y las medidas de carácter institucional que se han puesto en marcha para proteger a las mujeres de la violencia.

El caso de Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal fue llevado en 2002 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual decidió demandar al Estado mexicano ante la Corte Interamericana en diciembre de 2007. Como parte del juicio, la próxima semana se realizará la audiencia pública, en la que demandados y demandantes presentarán sus alegatos.

Conocido como Campo Algodonero, el expediente de estas tres mujeres se ha convertido en el caso emblemático de los feminicidios que se reportan en Ciudad Juárez.

Gómez Robledo dijo que la delegación gubernamental mexicana reconocerá ante la corte la afectación que sufrieron los familiares de las tres mujeres que fueron asesinadas, en virtud de las irregularidades ocurridas en la primera fase de las investigaciones.

Por ello, manifestó que desde el inicio del proceso ante la Comisión Interamericana, el Estado mexicano presentó una solución amistosa que contenía un ofrecimiento de reparación integral, basada en estándares internacionales, incluyendo una indemnización económica y medidas y garantías de no repetición.

Durante la reunión de la próxima semana, agregó que la delegación gubernamental reiterará su compromiso de luchar en contra de la impunidad.

En este contexto, señaló que de los 447 homicidios registrados en Ciudad Juárez entre 1993 y 2008, el 62 por ciento fueron esclarecidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, cuatro fueron remitidos a la Procuraduría General de la República por ser parte de indagatorias de delitos federales, y 34 por ciento restante (155 homicidios) se encuentran en trámite ante la fiscalía especializada de Chihuahua.