La investigación en torno a la desaparición de varios menores del albergue Casitas del Sur se extiende a por lo menos nueve estados de la República, entre ellos Michoacán y Colima, donde se estima que la agrupación Reintegración Social promovió juicios de pérdida de patria potestad, custodia y adopción.

Entre las más recientes diligencias realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) respecto a este tema, antes de que la autoridad federal atrajera el caso, fue solicitar con carácter de urgente a los tribunales de esas entidades información sobre la existencia de dichos procesos o juicios indiciados por personas como Vanessa Barroso y Leydi Campos Vera, representantes legales de la citada asociación civil en la ciudad de México y Quintana Roo, respectivamente.

En la circular número 18, fechado el 24 de marzo, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Colima, José Alfredo Jiménez Carrillo, solicita a jueces de primera en materia civil, familiar y mixtos del tercer y cuarto partido, así como a oficialías de partes de los partidos primero y segundo, información sobre:

El número de juicios que se hubieren iniciado respecto de pérdida de patria potestad y/o guarda y custodia y/o alimentos, adopción que fueran promovidos por la razón social Reintegración Social, asociación civil denominada Casitas del Sur o por sus apoderados de nombre Mario Alberto Zúñiga Serrano, Vanesa o Vanessa Barroso Mosqueda y otros.

Así como los procesos promovidos por la razón social denominada La Casita, casa hogar o por sus apoderados Leydi Campos Vera y Patricia Seoane Castellanos, en Quintana Roo; al igual que los promovidos por la razón social denominada Casa Cuna Refugio de Amor, Centro de Adaptación e Integración Familiar (CAIFAC) o por su apoderado Patricia Murgía Ibarra”, en el lapso comprendido de 2007 a lo que va del presente año.

Lo anterior a petición de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales y la Fiscalía Especial de Investigación para Secuestros de la PGJDF.

Esta misma petición se hizo al Supremo Tribunal del Estado Michoacán, como consta en el acuerdo L-30/2009, fechado el 13 de abril, mediante el oficio número 203/531/02-2009, por lo que se ordena al personal de este tribunal procedan a la búsqueda en los libros de registro.

Como parte de la indagatoria, la PGJDF realizó cateos en Hidalgo y Morelos, además de que autoridades federales señalan que Reintegración Social también opera en Quintana Roo, Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila, Veracruz y Guerrero.

Por otra parte, la Red por los Derechos de la Infancia y la Oficina de Defensoría por los Derechos de la Infancia (ODI) se pronunciaron por que el DIF-DF se encargue de la custodia de los menores en estado de vulnerabilidad que hay en la ciudad para evitar casos como el de Casitas del Sur y que el albergue temporal de la PGJDF pase a control de dicha instancia.

Marcos López, coordinador jurídico de la ODI, señaló que no tiene sentido que la dependencia capitalina cuente con un albergue cuando su función es garantizar la procuración de justicia y no cuidar niños.