Al cumplirse ayer 34 años de la detención y desaparición de Jesús Piedra Ibarra en la ciudad de Monterrey, su madre, la senadora Rosario Ibarra, exhortó al Congreso a que apruebe la ley de amnistía para los presos políticos, la cual se encuentra en comisiones en la Cámara de Diputados desde abril del año pasado, y adelantó que el Comité Eureka pretende entregar a los legisladores un millón de firmas que apoyan dicha iniciativa.

Al encabezar una manifestación frente a la Catedral Metropolitana, con motivo de un aniversario más de la detención de su hijo, comentó que en el país hay alrededor de 12 mil presos políticos, y añadió que la población debe estar consciente de que la desaparición forzada y la reclusión de personas es una práctica vigente, a grado tal que cualquiera puede ser víctima, pues los enemigos políticos son los primeros que caen en la cárcel, expresó.

Tras confiar en que este año podrá aprobarse dicha propuesta, la legisladora hizo hincapié en que ésta fue diseñada tanto para la liberación de presos políticos como para la presentación con vida de los desaparecidos.

Parece que la objeción que ponían es que pusiéramos la palabra desaparecidos. Esto pese a que la desaparición forzada está contemplada en el ámbito constitucional como crimen de lesa humanidad. No se quiere reconocer que hay desaparecidos. Hago un llamado a diputados y senadores a que entiendan, porque este pueblo cada vez soporta menos los daños que le están haciendo.

La legisladora se manifestó también por que se retire al Ejército de la lucha contra el narcotráfico, ya que la idea principal de esto es intimidar al pueblo. Aseveró que, en el contexto de este amedrentamiento, los “levantones atribuidos al narcotráfico no son de ellos. Creo que la gente que dicen que es levantada no es del narcotráfico. Hay muchachos a los que se han llevado policías federales y soldados”, aseguró.

Rosario Ibarra lideró ayer la protesta frente a CatedralFoto Yazmín Ortega

Comentó que de la década de los 70 hay 557 personas desaparecidas, las que seguimos reclamando. Apuntó que las desapariciones han continuado en años recientes. En el gobierno de Vicente Fox fueron 32 petroleros de Cadereyta, y Calderón también tiene. En Monterrey hay tres agentes de tránsito desaparecidos: un comandante de la policía y dos periodistas, entre otros que han sido secuestrados por el Ejército y las policías, resaltó.

En cuanto a la criminalización de la protesta social, Ibarra condenó esa práctica gubernamental. Con ella coincidió Emilio Reza, del Comité del 68. Inconformarse es un derecho de todo ser humano, añadió el activista. De igual forma, criticó la exoneración del ex presidente Luis Echeverría.

En el acto, en el que estuvieron Lucía Morett y Tania Ramírez –esta última hija de Rafael Ramírez Duarte, desaparecido en junio de 1977–, así como integrantes de la organización HIJOS, sostuvo: hay que reconocer que la desaparición forzada la cometió el gobierno como agravio contra toda la sociedad, no sólo contra de ciertas familias. Advirtió que en México todos deben saber que su libertad está amenazada, porque vivimos en un país en el que la desaparición forzada es una práctica sistemática de terrorismo de Estado que se ejecuta y ejecutó con suma crueldad.