Mérida, Yuc., 17 de abril. Las acciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la construcción del estado democrático y de derecho y, en buena medida, nuestra legitimidad, va más allá de dar soluciones prontas, completas y debidamente fundadas, nuestro actuar debe ser de cara a la sociedad para que además de que conozca las resoluciones del máximo tribunal, las entienda.

Al encabezar la clausura de la 7 Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, Ortiz Mayagoitia sostuvo que los sistemas democráticos dependen en forma fundamental de los tribunales constitucionales, órganos imparciales e independientes, encargados de dar vigencia a nuestras constituciones.

Con la representación del presidente Felipe Calderón, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, dio un repaso de la historia jurídica del país que llevó a la creación del amparo, cuyas bases puso el yucateco Manuel Cresencio Rejón, en 1840, como mecanismo de protección de los derechos de los ciudadanos ante los actos de la autoridad.

Los trabajos de esta conferencia, dijo ante los presidentes y representantes de 22 tribunales y cortes constitucionales iberoamericanos, observadores e invitados especiales, se suman a la creciente cooperación económica, social y política que demanda el mundo globalizado en que vivimos, así como a los retos comunes de nuestros países, concluyó.

Por su parte, la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, quien explicó su retraso –de casi 30 minutos– diciendo que quería aprovechar la ocasión para lucir ante los presentes un vistoso traje típico de gala, señaló que la justicia constitucional está llamada a ser una protagonista deseable y sabia de los grandes asuntos nacionales y jugará un papel vital como depositaria del interés constitucional, por encima de coyunturas. Sólo desde la justicia constitucional, sostuvo, se podrá proteger a un país de reformas improvisadas que vulneren el interés y espíritu del desarrollo nacional, así como acotar los excesos y fortalecer los aciertos de actores y fuerzas que formulan propuestas de acción pública.

Apostamos, concluyó, a que los tribunales constitucionales siempre se coloquen por encima del inmediatismo y el partidismo.

Los participantes aprobaron la La declaración Mérida, en la que se acordó continuar con los procesos de recopilación y actualización de criterios jurídicos adoptados por las cortes y tribunales participantes a fin de compartirlos entre sus miembros.

También se aprobó la propuesta de la delegación mexicana de realizar un seminario en 2010 para reflexionar sobre los 200 años de constitucionalismo en Iberoamérica y se acordó que el próxima encuentro se lleve a cabo en Nicaragua.