En el capítulo narcotráfico y violencia, plato fuerte de la agenda México-Estados Unidos, la fórmula es la responsabilidad compartida. Ésta, que será la nota dominante en la reunión de trabajo de los equipos de los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama, se aplica de la siguiente manera: el gobierno mexicano se compromete a detener el tráfico de drogas hacia el norte y a impedir que la violencia provocada por los choques entre cárteles y el combate antinarco siga rebasando la línea fronteriza; a cambio, Washington ofrece cerrar el paso al contrabando de armas y dinero que fluye hacia el sur y que alimenta a las organizaciones criminales en México.

Se dice fácil. Lo que no está claro es si ambos gobernantes, acotados por sus respectivas crisis y por la real politik, podrán cumplir.

Basta analizar el asunto del contrabando de armas para calibrar la gran distancia que hay entre las buenas intenciones y las probabilidades reales. Según la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de Estados Unidos, 90 por ciento de los arsenales en poder del crimen organizado en México provienen del mercado legal de ese país. Las ametralladoras semiautomáticas tipo militar, variantes del AK-47 o el AR-15, favoritas de los narcos y sicarios mexicanos, son adquiridas en tiendas de armas o deportivas, incluso en Wal-Mart, mediante una red de compradores prestanombres. Cualquier intento legislativo que emprenda Obama para reinstalar los controles a este libre comercio topará con la beligerancia de la Asociación Nacional del Rifle.

En Washington se ha estado mencionando la necesidad de contar con un plan global para enfrentar este desafío. Existe, para empezar, el tratado trinacional para asegurar un perímetro blindado para Norteamérica, el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Dentro de este marco está la Iniciativa Mérida, que comprende un programa amplio de cooperación institucional entre ambos países, y una jugosa transferencia de recursos (mil 400 millones de dólares en tres años) para profesionalizar y equipar a los responsables de la seguridad y la defensa, así como mejorar el sistema de justicia criminal.

En semanas recientes se agregaron más detalles: la instalación de una unidad especial de la FBI para la frontera sur, el despliegue de fuerzas especiales –Guardia Nacional o alguna otra corporación, eso está por definirse en Estados Unidos– y el envío de más de 100 agentes antidrogas a México. Además, el nombramiento de un nuevo funcionario especial para la frontera, Alan Bersin.

Por su parte, México esperaría a corto plazo que la burocracia estadunidense destrabe los fondos para financiar la Iniciativa Mérida. En suma, todas son medidas de corte policiaco o militar cuyos resultados tangibles no se verán a corto plazo. Si es que se dan.

En la esfera política, Estados Unidos ha hecho algunos ejercicios de retórica para consumo en México –como sus elogios a la valentía del presidente Calderón y el reconocimiento a la insaciable demanda de drogas en la sociedad estadunidense–, que si bien no resuelven nada, crean un clima propicio. Tanta alabanza, sin embargo, entraña un riesgo: encubrir el hecho de que, efectivamente, la corrupción institucional en México y Estados Unidos es un ingrediente que nunca ha faltado para la expansión del poder de los cárteles en la región.

En el entendido de que el comercio de drogas es hoy un problema trasnacional, en la agenda del encuentro Obama-Calderón se incluye el análisis de la situación más allá de la frontera sur de México. En la línea de compartir compromisos, nuestro país deberá asumir el papel de buena influencia para sus vecinos de Centroamérica, en particular Guatemala, donde es conocida la implantación de sucursales de los cárteles mexicanos. Concretamente, según han indicado algunos funcionarios cercanos a Los Pinos, a México le correspondería contribuir para el fortalecimiento de la procuración de justicia al sur de su frontera.

En los últimos tres años México registra 10 mil asesinatos vinculados con las drogas; 7 mil ocurrieron en los últimos 16 meses. La mayoría de estos crímenes han quedado impunes. En ese contexto, resulta inevitable preguntar: ¿cómo van a contribuir los mexicanos para mejorar la procuración de justicia de cualquier otro país?

Funcionarios de Estados Unidos insisten en que no permitirán que la agenda bilateral quede secuestrada por el tema del narcotráfico y la seguridad, aunque parece misión imposible evitar que, ante la magnitud de este tema, se eclipse la importancia de los otros asuntos pendientes entre ambas naciones.