Con hábiles prácticas de cabildeo, el sector privado ha logrado estancar durante casi año y medio una iniciativa en la Cámara de Diputados que pretende elevar las multas que aplica la Comisión Federal de Competencia (CFC) hasta el equivalente a 10 por ciento de las ventas de las empresas, en caso de que incurran en prácticas de abuso de dominancia y colusión, denunció Eduardo Pérez Motta, presidente del organismo.

“Los cabilderos de las empresas saben cómo hacer su trabajo. Ya no se oponen. Lo que dicen (a los legisladores) es: ‘me parece buena idea, nada más que te voy a decir cómo va a funcionar mejor’. Y en el cómo, en las letras chiquitas, está el veneno completo”, advirtió el funcionario, en entrevista con La Jornada.

La iniciativa fue presentada por Alejandro Sánchez, diputado del PRD, y la última triquiñuela que presentaron los cabilderos empresariales para golpearla de manera inteligente pero sin decir no, expuso, fue tratar de que las multas se aplicaran en el mercado relevante, es decir aquel donde se realiza el desplazamiento del competidor. Esto resulta absurdo y no opera en ningún lugar del mundo, porque no es en ese mercado donde las empresas beneficiadas obtienen las ganancias, sino en la venta final de los productos, explicó.

No es la única reforma legislativa para reforzar las atribuciones de la CFC que está en espera de ser aprobada. Pérez Mota refirió que otra propuesta está detenida desde mediados del año pasado en la Cámara de Senadores, presentada por el panista Juan Bueno, y que busca imponer sanciones penales a las empresas que conspiren contra los consumidores mediante colusiones o cárteles.

Necesitamos fuerza. No me interesa estar multando ni meter a nadie a la cárcel, pero si tenemos los instrumentos que asustan y disuaden a las empresas, éstas lo pensarán dos veces antes de participar en colusiones, puntualizó.

Si bien destacó que ambas iniciativas recibieron un nuevo impulso al ser incluidas en el paquete prioritario de reformas que el Congreso de la Unión se comprometió a aprobar antes de que concluya la actual Legislatura, como resultado del foro Qué hacer para crecer, el titular de la CFC urgió a los legisladores a aprobarlas en el presente periodo de sesiones, que concluye este mes.

Hace falta voluntad política para su aprobación, sentenció, y aunque aseguró que ha encontrado buena disposición de los coordinadores de los tres principales partidos representados en el Poder Legislativo no desestimó el enorme poder que tienen algunas empresas para oponerse a las reformas.

De que son poderes enormes, no tengo la menor duda. De que son pocas empresas tampoco, son muy poderosas y eso está clarísimo, pero finalmente el trabajo de los legisladores es cuidar el interés público, sostuvo.

No descartó que pueda haber colusión entre algunos legisladores y empresas, o convergencia de intereses que contribuya y explique tanto retraso: podría ser, no me consta. No tengo evidencia de que esto haya sido así. La verdad habría que hablar con ellos y preguntarles qué esta pasando.

Advirtió que la etapa electoral actual representa una oportunidad para avanzar en las iniciativas por el beneficio que significan para la población.

Ningún partido va a ganar con el voto de dos o tres empresarios. Va a ganar con el voto de los trabajadores, campesinos y consumidores, además de muchos pequeños y medianos y empresarios, que son el grueso de la sociedad mexicana que se van a ver beneficiados con estas iniciativas, sentenció.

La falta de competencia en sectores estratégicos del país ha influido para que la economía no haya crecido en estos últimos años y no se hayan generado más ingresos y empleos, lo cual se agrava con la crisis económica.

De ahí que Pérez Mota insista en que fortalecer a la Comisión Federal de Competencia contribuirá a que los consumidores enfrenten mejor la recesión actual.