n México y en muchas otras partes del mundo los procesos de transformación democrática han sido impulsados por la sociedad civil, categoría que comprende las diversas formas de organización social, por cuyo conducto el pueblo ejerce de manera concreta su soberanía. El inacabado proceso de transición a la democracia; la proximidad de un año tan significativo, por celebrarse el segundo centenario de la Independencia y el primero de la Revolución; la crisis contemporánea y otros signos históricos actuales, llevaron a organizaciones civiles de diversos estados de la República, integradas en la Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC), a reunirse en días pasados en la ciudad de Oaxaca para hacer un balance de lo realizado y plantearse nuevos horizontes. De los materiales preparatorios y de las discusiones realizadas se desprenden múltiples retos para su actuación en el futuro próximo, los cuales pueden sintetizarse en cuatro.

El reto de la democratización. En las dos décadas anteriores la sociedad mexicana impulsó un proyecto de democratización, cuyo primer paso sería la efectividad del sufragio y la alternancia partidaria, de lo que seguirían las transformaciones de las políticas públicas y del régimen político, en orden a un respeto y garantía integrales de todos los derechos humanos. El primer paso se dio, pero no los siguientes. Se truncó la transición a la democracia, lo que hoy constituye el principal riesgo a la viabilidad del Estado. Se alternan los partidos, no sin restricciones en los diversos ámbitos del poder, pero no se modifican las políticas, y los derechos humanos se enfrentan a la posibilidad de un retroceso. El reto de la democratización remite entonces al siguiente.

El reto del Estado. No estamos solamente frente a la turbulencia del sistema político, que se originó en las crisis pre y post electorales, sin que de ambas se siguiera una acción legal que otorgara seguridad jurídica a la ciudadanía. No se trata solamente del desafío de los poderes fácticos, en sus versiones de tráfico de drogas, tráfico de influencias o monopolio de la comunicación. Tampoco se trata solamente de los efectos de la crisis mundial, de la que México es parte activa y no víctima pasiva. Son las tres situaciones juntas, más una omisión: la inexistencia de un proyecto de Estado que renueve el heredado por la Revolución, y que, con su diseño actual, hoy no es capaz de hacer frente a los grandes desafíos de la época. En muchos países de América Latina se ensayan nuevas formas de relación gobierno-sociedad y se rediseñan las constituciones para modificar el andamiaje del Estado. México es de los pocos en que los actores políticos actúan tratando de conservar lo que no sirve ya para los fines que debiera cumplir.

El reto de los actores del sistema político. Ciertamente sería difícil esperar que se modificara el régimen político si sus actores permanecen iguales. Unos tratando de recuperar el poder, sin tener una nueva propuesta de Estado que haga pensar que su visión va más allá de la añoranza de lo perdido; otros insistiendo en su pretensión de resolver los problemas nacionales únicamente con medidas gerenciales, las más de las veces copiadas acríticamente de la administración privada. Quienes más insistieron en el discurso de la transformación, hoy se encuentran sumidos en una confrontación inoportuna, estéril y vergonzosa, puesto que no se trata de la confrontación entre proyectos sociales, sino en la pugna por el poder interno. Si bien es cierto que la estatura de los actores del sistema político a las dimensiones de nuestro momento es más que lamentable, la ilusión del abstencionismo como forma de protesta, que deja las manos libres para el manejo de clientelas, es rebasada por una preocupación fundamental: más que la desconfianza ante tal o cual actor, hoy se desconfía de todos los actores del sistema político, y, por ellos, de las instituciones que los legitiman.

El reto de una nueva institucionalidad. Crear nuevas instituciones no puede ser un acto de voluntad. Es un proceso que se construye lentamente por la sociedad. Las instituciones democráticas lo son precisamente porque son instituidas, creadas por la sociedad. Éste es el reto principal de la sociedad civil en México: rediseñar las instituciones públicas. Reconocer las debilidades para asumir esta tarea es el primer paso para acumular fortalezas que le permitan cumplir su objetivo histórico. Las diversas formas de expresión de la sociedad deben renovarse: las campesinas y sindicales tienen que ser capaces de vencer los resabios del corporativismo; las organizaciones civiles tienen que ser capaces de superar sus fuertes limitaciones financieras y la competencia de organizaciones paraestatales o paraempresariales, y afirmarse como sociedad civil; las organizaciones comunitarias tienen el reto de salir de su localismo y darle dimensión amplia a sus experiencias. La discusión de hoy no puede ser a cuál de las tres formas de organización le toca ser líder del cambio, sino cómo hacer para que las tres lleguen a acuerdos en el proyecto social y en la estrategia fundamental.

Se dirá que son retos muy fuertes para fuerzas tan escasas. Lo que puede hacer la diferencia es que se tenga visión de la historia. La sociedad civil tiene mucha historia que recuperar. Eso es más fuerte que el dinero o el poder institucionalizado. Lo importante es que la reflexión ya se ha iniciado en diversos espacios, y que se está consciente que el tiempo que queda no es mucho.