Funcionarios federales de los sectores de inteligencia, derechos humanos y gobierno se reunieron ayer en Bucareli con la finalidad de hacer una evaluación de los focos rojos que existen en el país acerca de esos temas, y el estado que guarda la investigación acerca del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Durante más de dos horas, se reunieron en la Secretaría de Gobernación el subsecretario de Gobierno, Jerónimo Gutiérrez; Juan Sánchez Zarza, titular del Centro de Planeación, Información y Análisis contra la Delincuencia de la Procuraduría General de la República (PGR), y el general Jaime Antonio López Portillo, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Este encuentro tuvo lugar en momentos en que surgieron versiones, en Oaxaca y en la ciudad de México, de que habrían sido hallados los cuerpos de los eperristas desaparecidos en mayo de 2007, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez.

Una de las alternativas para confirmar la identidad es mediante una prueba de ADN a los familiares de los guerrilleros.

Los funcionarios evitaron hacer comentarios acerca de los asuntos tratados y se limitaron a señalar que no podían dar información de una indagatoria en proceso, además de que Gobernación es la instancia adecuada para atender esos requerimientos de información.

No tenemos confianza

Familiares de los eperristas desaparecidos manifestaron que no aceptarán que les hagan la prueba del ADN, porque no existen condiciones de confiabilidad en las indagatorias oficiales, señaló Nadin Reyes Maldonado, hija de Edmundo Reyes Amaya.

Han pasado casi dos años desde que su padre y su compañero fueron vistos por última vez en Oaxaca, el 25 de mayo de 2007.

Nadin comentó que los familiares insisten en que la autoridad debe encontrar físicamente los cuerpos, aclarar las causas y determinar quiénes son los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de personas.

En entrevista, la hija de Edmundo Reyes manifestó su extrañeza de que, justo a un año de una solicitud similar de la Subprocuraduría de Investigación Especialilzada en Delincuencia Organizada (SIEDO) –para que los familiares aceptaran las pruebas de ADN–, surjan nuevas versiones sin que haya pruebas de que se trata, efectivamente, de los cuerpos de sus familiares.

Conocemos la estrategia del Estado: al tener las muestras de ADN cualquier cuerpo podría ser presentado como el de nuestros familiares. Ahora vuelven con el tema, pero nosotros seguimos en la misma postura y no vamos a dar ninguna prueba de ADN porque no creemos en la voluntad ni en el buen accionar del gobierno, aseveró.

Si ellos en algún momento hicieron algo malo, que los presenten y los juzguen, indicó Nadin, quien recordó a su padre como un hombre sencillo, quien formalmente era dueño de una pequeña tienda de abarrotes en Ciudad Nezahualcóyotl.

“A dos años de la desaparición –agregó– se mueven las fibras, los sentimientos, las emociones, ante esa versión de que probablemente estén muertos. Es un proceso de mucho dolor. Dos años de ver sufrir a mi madre, aunque también ha sido un periodo de aprendizaje y vas tomando más fuerza en el camino por saber que tal vez lo sometieron a tortura, a tratos muy crueles. Por eso decimos no a esas pruebas, porque las autoridades quieren dar carpetazo con un hallazgo de esa naturaleza”, manifestó Nadin.

En febrero pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación acerca de la detención y desaparición forzada de los oaxaqueños eperristas, y señaló al Estado como responsable de estos hechos.