Con la participación de representantes de 70 organizaciones civiles de 10 estados de la República se realizó ayer la primera asamblea de la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco, en la cual se definieron las siguientes acciones para exigir la liberación de las 12 personas que continúan presas por los hechos de 2006.

De manera particular, los asistentes resaltaron la urgencia de que Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa sean trasladados a un centro de readaptación social (Cereso) y dejen el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Rechazaron que a los líderes sociales se les equipare con delincuentes peligrosos, como secuestradores o narcotraficantes. Rosa Nelly, quien crió a Galindo Gochicoa, denunció que desde octubre pasado las autoridades del penal decidieron cancelar al abogado el permiso de visita.

Además, denunció que los presos padecen hostigamiento, pues en varias ocasiones, durante la noche, se realizan inspecciones a las celdas. Los policías entran con perros y tiran al suelo sus pertenencias, acusó.

La represión se agudizó el pasado 16 de marzo, cuando los obispos Samuel Ruiz, Raúl Vera y el sacerdote Miguel Concha intentaron visitarlos. No les dieron de comer ni los dejaron salir de sus celdas, señaló Rosa Nelly.

En el transcurso de la reunión, Rodolfo Inés Cuéllar, detenido en el reclusorio Molino de las Flores, se comunicó telefónicamente para enviar, en representación de todos los detenidos, un saludo y un agradecimiento a la asamblea, en lo que fue un emotivo mensaje.

Al encuentro asistieron, además, Adolfo Gilly, el general Francisco Gallardo, los hermanos Cerezo y Dolores González, de Serapaz, entre otros. Los abogados de las 12 personas que continúan privadas de su libertad en la prisión Molino de las Flores y el Altiplano dieron cuenta de los procesos a que fueron sometidos los campesinos y las sentencias dictadas. Todos son presos políticos, afirmaron los litigantes.

Como parte de los acuerdos, la asamblea emitió un pronunciamiento de solidaridad con el cantante Manu Chao, a quien también reconocieron el papel que ha desempeñado al denunciar en todos los lugares a que llega las violaciones a los derechos humanos.

A su vez, los representantes de organizaciones civiles ofrecieron realizar actos de difusión en sus respectivas localidades y con ello promover la campaña con que se busca relanzar la exigencia por la liberación de los detenidos, así como la cancelación de las órdenes de aprehensión todavía pendientes y la revocación y anulación de las sentencias.

La campaña, de la que forman parte académicos, intelectuales, actores, obispos y organizaciones civiles, también exige que se garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos de los perseguidos y detenidos, y se castigue a los responsables de las violaciones a esas garantías básicas. De igual forma, demandan que se detenga la criminalización de los movimientos sociales en el país.

Entre las próximas actividades del plan de acción destaca, del 28 de marzo al 28 de abril, la realización de la campaña nacional de difusión. El 18 de abril se llevará a cabo una caravana motorizada hacia el penal Molino de las Flores para visitar a los nueve presos políticos. La movilización saldrá del Monumento a la Revolución.

El 19 de abril se efectuará una segunda asamblea de organización de la campaña, y el 3 de mayo un acto político cultural en San Salvador Atenco, justo cuando se cumplen tres años del operativo policiaco ordenado por el gobierno contra los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.