La Unión de Juristas de México (UJM) y el magisterio disidente denunciaron que las autoridades del ISSSTE han colocado a los trabajadores que tienen amparos en el sistema de cuentas individuales de manera ilegal, arbitraria y por la fuerza, por lo cual se presume que un millón 800 mil afiliados podrían estar en riesgo. Ante ello, anunció la posibilidad de presentar en los próximos días una demanda para exigir la restitución de sus derechos e interponer una denuncia por fraude laboral contra el instituto.

Por otra parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) denunció que el gobierno de Michoacán, encabezado por Leonel Godoy, ha iniciado una ofensiva contra la sección 18, dirigida por Artemio Ortiz Hurtado, con la cual pretende que se liberen órdenes de aprehensión que, de llevarse a cabo, alentarían un estallido social en la entidad.

En conferencia de prensa, Eduardo Miranda Esquivel, de la presidencia colegiada de la UJM, señaló que, a dos años de resistencia del movimiento contra la aprobación de la Ley del ISSSTE, hay un alto riesgo de perder los triunfos parciales que se han obtenido debido a que las autoridades del instituto, dirigido por Miguel Ángel Yunes, han iniciado una nueva maniobra para ocultar la información sobre el régimen de selección en que fueron colocados los trabajadores.

Cerca de un millón 800 mil afiliados en activo que se negaron a suscribir la opción de retiro por encontrarse amparados debían quedar automáticamente colocados en el sistema de reparto del décimo transitorio, sin que ello, hasta la fecha, se haya hecho.

Las alternativas

Así, el ISSTE pasó por encima de la decisión de los tribunales y de los trabajadores para llevar a la fuerza a éstos al sistema de cuentas individuales. Ante ello, Miranda Esquivel convocó a los afiliados a exigir su derecho de conocer en qué régimen se encuentran, para lo cual pueden recurrir a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) o al propio ISSSTE.

Por su parte, Daniel Ávila, de la sección 18 de la CNTE en Michoacán, denunció que el gobierno de la entidad y, en particular, la corriente Alianza por la Unidad Democrática han mantenido una intromisión y represión contra el magisterio disidente. Aunque señaló que, de entrada, no se plantea desconocer el gobierno de Leonel Godoy si se cumplen las órdenes de aprehensión –por acusaciones de motín, bloqueo a las vías públicas, daño y destrucción de propiedad ajena–, “sí pudiera ser un ensayo de lo que sería un desconocimiento de un gobierno de facto”.

Acusó que la lideresa magisterial, Elba Esther Gordilo, también tiene las manos metidas en el proceso de renovación de la dirigencia democrática en la entidad, por lo cual exhortó al gobernador a meter en cintura a sus funcionarios, porque son ellos, como la secretaria de Educación, Aída Sagrero, quienes alientan el conflicto.

Por su parte, Pedro Ramírez Vázquez, de la dirigencia nacional de la CNTE, aseveró que el próximo martes sostendrán un nuevo encuentro con la comisión del Senado con la que se ha discutido su exigencia de no aprobar las reformas al artículo tercero constitucional, ya que de hacerlo no únicamente se legalizaría la Alianza por la Calidad de la Educación promovida por Gordillo, sino se avalaría constitucionalmente el establecimiento de cuotas en la enseñanza pública mediante los consejos de Participación Social.