l grave dilema del gobierno de Felipe Calderón está en la esencia de lo que significa, tanto política como prácticamente, administrar el Estado. El asunto ahora va más allá del ámbito de las discrepancias ideológicas que, por cierto, pueden ser muchas, y de modo creciente se sitúa en el terreno eminentemente práctico de las acciones del gobierno.
El gobierno calderonista se presentó a la sociedad como capaz de hacer una administración eficiente de los asuntos públicos, ofreció un cumplimiento cabal de la ley, un reforzamiento de las instituciones y el cuidado del bienestar de la población.
En cambio, en todos esos terrenos ha ido acumulando un déficit creciente desde su inicio. La capacidad de gestión no está a la altura de las difíciles circunstancias que vive hoy el país en materia de degradación económica, del aumento de la inseguridad, de la fragilidad social y el uso de los recursos disponibles.
La desorganización del sustento práctico, insisto en la cuestión, de las decisiones gubernamentales se convierte en un elemento objetivo de tanta importancia como el aspecto de la debilidad institucional que hay en todas las áreas de la conformación del Estado.
Esto se advierte hoy claramente, por señalar sólo algunos ejemplos de relevancia, en el caso de las instituciones del sistema financiero y las formas en que se aplican la regulación, la supervisión y la defensa de los usuarios de este sector; lo mismo pasa en el campo de las finanzas públicas y la gestión de la política monetaria y cambiaria.
En México el gobierno no ha tenido la capacidad de despolitizar los asuntos cruciales para el país desde hace mucho, demasiado, tiempo. El caso es que la mayoría de los políticos, en los partidos, en el Congreso y en la función pública son bastante cuestionables por no decir que en muchos casos de plano son malos.
El asunto que me parece requiere una atención primordial es el de la administración del Estado. El gobierno de Calderón la confunde con prácticas de gestión y toma de decisiones que parecen ser o una especie de demagogia encubierta en la aplicación de las normas de un ejercicio democrático pobremente entendido o, de plano, de tipo populista como las que tanto criticó durante su campaña a la Presidencia y luego como jefe del Ejecutivo.
Hay dos casos recientes que ocurren en el mismo sector, el de la energía, y que ilustran la cuestión que aquí se discute. Se pone a debate el lugar de la construcción de una nueva refinería. Como si éste fuera un asunto que se resuelve mediante planteamientos en foros públicos, por votación o, por qué no, por concurso como el bingo.
Ésta es una cuestión eminentemente técnica que tendría que estar enmarcada en una estrategia energética de largo plazo del país. Estrategia que según las evidencias que se tienen no existe. Al señuelo lanzado por Calderón acuden como un cardumen todos los gobernadores. Esto parece, más bien, una mala comedia.
Entre paréntesis, lo mismo podría haberse hecho con el caso de Citigroup-Banamex y la forma como Hacienda resolvió el problema legal que creó la intervención del gobierno de Obama en ese banco. ¿Por qué no se hizo un debate público, o una votación sobre qué hacer con el problema? O, mejor aún, ¿por qué no intervino el Poder Judicial con una resolución? Vaya cuál es el orden del funcionamiento del Estado. Cierro el paréntesis.
Otro asunto, volviendo a la energía, es el nombramiento de los consejeros independientes de Pemex. Es sabido que los partidos políticos pactaron la conformación de ese grupo, nació viciado en términos de lo que significa el gobierno corporativo. Así, pues, a quién representan, ya que finalmente los dueños de esa empresa somos los ciudadanos y no hay garantía de que los intereses públicos sean salvaguardados.
No se olvide que la estructura de gobierno de Pemex está llena de conflictos de intereses. El consejo de administración lo preside la secretaria de Energía, Georgina Kessel, quien es así juez y parte; los consejeros son los secretarios de Hacienda, Economía, Comunicaciones y Transportes, Semarnat y el jefe de la oficina del Presidente. El segundo grupo está integrado por representantes del sindicato, lo que ofrece muy pocas garantías en cuanto a los intereses que desde ahí se promueven.
El tercero lo forman los recientemente nombrados consejeros independientes. Dos de ellos, Rogelio Gasca (PRI) y Héctor Moreira (PAN), ya fueron subsecretarios de Energía, uno con Zedillo y otro con Fox, y como tales tenían que ver con la operación de Pemex que es hoy una empresa llena de deficiencias por decir lo menos. Fluvio Ruiz (PRD) tiene experiencia académica, según se sabe, y Fortunato Álvarez (PAN) posee buena reputación por su experiencia financiera. ¿Quién de estos personajes representa legítimamente los intereses de la empresa petrolera clave en la estructura productiva del país y de sus dueños, los ciudadanos?
La práctica de gestión pública que ejerce Felipe Calderón provoca una grave disyuntiva: se gobierna o no se gobierna. En este ámbito la ambivalencia es muy grande. Y, sobre todo, lleva a la necesidad de replantear el sentido del Estado y su administración en un país en situación de pasmo crónico y, hoy, en medio de una profunda crisis económica.
