La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó a diputados federales modificar la legislación correspondiente con objeto de garantizar la intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra la delincuencia organizada, en el ámbito de la seguridad interior, y así eliminar la opacidad de las actividades de los militares.

El titular de la Sedena, general Guillermo Galván Galván, se reunió en privado con los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, ante quienes expuso que la lucha contra la delincuencia organizada, en su momento, deberá ser asumida por la policía federal y la Procuraduría General de la República (PGR).

El perredista Alfonso Suárez del Real y Aguilera, integrante de dicha comisión, refirió a este diario que, por ahora, la participación de las fuerzas armadas se deberá contemplar en la ley porque las actividades de la delincuencia organizada ponen en riesgo las instituciones del Estado.

Durante una conversación de más de tres horas, celebrada en la Secretaría de la Defensa, el general Galván –refirió Suárez del Real– comentó que en su encuentro con el almirante estadunidense Michael Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto, fue enfático al señalar que México no aceptará nunca la presencia de tropas extranjeras en el territorio nacional, bajo ninguna excusa.

El general secretario alertó de un potencial riesgo muy elevado para el país: los mercenarios que se encuentran en Irak contratados por la empresa Blackwater comienzan a desintegrarse como fuerza irregular, y podrían tener como destino el norte de México.

Esos mercenarios podrían enrolarse en empresas de seguridad privada que prestarían servicios de protección contra la delincuencia organizada.

Por iniciativa de la socialdemócrata Marina Arvizu, Galván y los diputados acordaron construir vínculos con la sociedad de Ciudad Juárez –caso paradigmático de ocupación militar contra el crimen organizado– con el fin de disuadir cualquier posibilidad de violación a los derechos humanos.

El general propuso a sus invitados dotar de legitimidad la lucha que las fuerzas armadas han desplegado contra los delincuentes, cobijada por el concepto se seguridad interior, y no como seguridad pública. El marco jurídico no contiene esa definición.

Nos exhortó a que hagamos las modificaciones necesarias para que la ley establezca la diferencia entre seguridad pública y seguridad interior, con objeto de garantizar tranquilidad a los ciudadanos y combatir a la par a los delincuentes que atentan contra el Estado mexicano, afirmó el perredista.

El general propuso que los legisladores modifiquen la Ley de Defensa Nacional para agregarle el título de seguridad interior.

Solicitó generar los límites de las acciones del Ejército; marcar la frontera entre seguridad pública y seguridad interna y que se respeten los límites que la ley marca, añadió Suárez del Real.

Otro acuerdo asumido en la reunión que se inició al mediodía del miércoles pretende construir un observatorio ciudadano que evite la confusión entre los mexicanos, toda vez que no se aclara el papel de las fuerzas armadas en las acciones contra el crimen organizado.