En la investigación del proceso de compra, operación y mantenimiento del Learjet 45 –en el que perdió la vida Juan Camilo Mouriño– han surgido datos acerca de presuntas irregularidades cometidas en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), comprador de la aeronave en 2003.

Por ejemplo, la creación de un área fantasma, a la cual el Cisen encomendó la importación del aparato. Las autoridades fiscales no cuentan en su base de datos con registros que avalen los trámites que tendría que haber hecho esa dependencia, de acuerdo con respuestas a solicitudes de información pública.

Además de la indagatoria que desarrolla una comisión interinstitucional sobre los contratos para compra y mantenimiento del aparato siniestrado el 4 de noviembre de 2008, el Órgano Interno de Control del Cisen, encabezado actualmente por Jesús Meza Zapata, está al tanto de una auditoría que se practica a ese proceso.

Sin embargo, los trámites para la compra de la aeronave ejecutiva seminueva estuvieron bajo supervisión, en diciembre de 2003, precisamente de Meza Zapata.

Es decir, las eventuales irregularidades que tuviera el andamiaje administrativo en referencia quedarían bajo el examen de los mismos servidores públicos que vigilaron, hace más de cinco años, el curso de la licitación pública internacional 04100001-035-03.

El código de ética profesional para este tipo de exámenes, emitido por el Colegio de Contadores, señala que quien aplique la auditoría tiene que ser totalmente ajeno a los hechos examinados.

De igual forma, considera que no hay independencia de criterio ni imparcialidad cuando existan relaciones o intereses que puedan ejercer influencia negativa.

El punto 13 del acta de Junta de Aclaraciones de la licitación citada informa a los interesados en gestionar la compra de la aeronave que la Dirección de Servicios Aéreos de la Secretaría de Gobernación sería la responsable de la importación del Learjet 45.

En enero pasado, la Oficialía Mayor de esa dependencia respondió, también a una solicitud de información pública, que en esta Secretaría de Gobernación no ha habido durante el periodo solicitado (2000-2005) ninguna Dirección de Servicios Aéreos. En otro documento de respuesta precisa que en ese lapso no existió ningún puesto con la denominación Dirección de Servicios Aéreos.

De ahí que el Cisen tendría qué explicar quién es el Cap. Víctor Manuel Camacho M., quien durante el proceso de licitación aparece como representante de la Dirección de Servicios Aéreos de Gobernación.

En la auditoría del Cisen se indagaría por qué no existen pruebas de los documentos que supuestamente habría enviado la citada Dirección de Servicios Aéreos de la Secretaría de Gobernación para cumplir con los trámites para la legal introducción al país del Learjet 45 XC VMC o HB VMC, comprado –a través de la gestoría de Servicios Aéreos Estrella– a la empresa TAG, con sede en Suiza.

El 29 de enero pasado, el Servicio de Administración Tributaria informó que emprendió una revisión exhaustiva en términos del artículo 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y no existe documento ni registro en nuestra base de datos que contenga dicha información en los términos requeridos.

En 2003, el Cisen –organismo dependiente de Gobernación– era encabezado por Eduardo Medina Mora y el titular de esta secretaría era Santiago Creel Miranda, quien ha declarado que no hubo irregularidades en el proceso. Afirma que la aeronave seminueva fue adquirida por cerca de 6 millones de dólares, durante un proceso apegado a la norma.

La aeronave –de acuerdo con las facturas 1229 y 49671, emitidas por Servicios Aéreos Estrella, referentes al contrato celebrado con el Cisen 048/04– costó al gobierno mexicano poco más de 7.3 millones de dólares (sólo por el aparato y unidad de potencia seminueva marca Honeywell, sin contar otras gestiones para el ingreso del avión).

Las eventuales irregularidades de la compra y uso del Learjet 45 tienen otros antecedentes administrativos; la Auditoría Superior de la Federación recomendó (acción 06-9-04100-02-276-08-001) aplicar sanciones a servidores públicos que intervinieron en el traslado, fuera de la norma, de personal de otras instituciones gubernamentales, sin contar con la autorización expresa del Secretario de Gobernación.

Cabe precisar que el Cisen transfirió en 2007 la potestad de la aeronave a las oficinas centrales de Gobernación. Es decir, la primera empresa encargada de comprar el jet y darle mantenimiento fue Servicios Aéreos Estrella, luego de una rápida adjudicación de una licitación diseñada por el Cisen; luego, a finales de 2007, Gobernación concedió, para el periodo enero-diciembre de 2008, la operación integral de la misma al Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva. El siniestro en el que perdieron la vida 17 personas ocurrió hace cuatro meses.