La desconfianza que los tres recientes fiscales antidrogas de la Procuraduría General de la República (PGR) tuvieron en agentes federales, llegó a tal grado que optaron por contar con protección personal de efectivos del Ejército y ya no de integrantes de corporaciones policiacas, como se acostumbraba antes, revelaron a La Jornada fuentes gubernamentales y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Además, muchos altos funcionarios dedicados al combate al narcotráfico decidieron vivir con sus familias en zonas militares resguardadas por soldados.

José Luis Santiago Vasconcelos, quien durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) estuvo al frente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), fue el primero que recibió resguardo de militares.

Durante su gestión como subprocurador jurídico –segundo cargo en importancia en la PGR–, hasta su muerte, ocurrida el pasado 4 de noviembre en el accidente aéreo en que falleció el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño–, Santiago Vasconcelos tenía asignada una escolta de militares de elite.

Noé Ramírez Mandujano, sucesor de Santiago Vasconcelos en la SIEDO de diciembre de 2006 hasta agosto de 2007 –cuando fue relevado por Marisela Morales por estar presuntamente involucrado en la red de funcionarios que vendió información clasificada a capos de la droga–, también estuvo protegido por personal del Ejército.

Blindajes y escoltas

En la actualidad, Morales, titular de la SIEDO, cuenta con una escolta integrada por militares de elite e incluso vive en una zona restringida para efectivos de la Sedena, cuya dirección sólo conocen familiares cercanos.

Desde enero de 2006, el gobierno del presidente Felipe Calderón inició una lucha contra sicarios y capos de la droga que operan en México, lo que provocó una violenta respuesta de los grupos criminales contra militares y cuerpos policiacos desplegados en varias entidades del país.

El uso de efectivos militares como escoltas de funcionarios de la PGR comenzó en la gestión del general Rafael Macedo de la Concha, en los primeros cinco años del gobierno de Vicente Fox.

Antes de la llegada de Santiago Vasconcelos al frente de la SIEDO, agentes de la extinta Policía Judicial Federal se encargaban del resguardo y protección personal de fiscales y procuradores.

Es en ese contexto que los funcionarios designados por Calderón para asumir las carteras de seguridad pública y procuración de justicia incrementaron el uso de camionetas blindadas y escoltas.

Durante 2008, los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, y de la PGR, Eduardo Medina Mora, así como los subsecretarios y mandos policiacos de la primera dependencia, además de los subprocuradores y fiscales federales, incrementaron el número de personas para su resguardo personal.

Con el fin de brindar seguridad a los altos mandos, García Luna y Medina Mora propusieron a Calderón y al secretario de Hacienda, Agustín Carstens, la adquisición inmediata de 14 camionetas Suburban con el nivel más alto de blindaje.

También solicitaron que otras 23 camionetas utilizadas por funcionarios federales fueran reforzadas en su nivel de blindaje para que puedan resistir el impacto de balas de rifles M-1, calibre 7.62; de asalto, calibre 5.56, de varios modelos y de AK-47, de uso común entre narcotraficantes y secuestradores.

La inversión alcanzó 49 millones de pesos y los fondos fueron tomados del Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y de Aeronaves, creado en 2007, revelaron las fuentes consultadas.

Los informantes indicaron que varios gobernadores han hablado con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para solicitar que personal del Ejército se encargue de garantizar la seguridad personal de mandatarios y procuradores estatales.