Ciudad Juárez, Chih., 25 de febrero. Presa del narcolenguaje, un año y casi 2 mil muertos después, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, anunció que a los violentos no se les va a ceder ni un centímetro de la plaza. Las bandas de narcotraficantes, siguió el tercer titular de la dependencia en este sexenio, serán expulsadas de esta ciudad. Vamos a recuperar Juárez. Para ello, el gobierno federal enviará a la plaza fronteriza 5 mil soldados más, según versiones de los asistentes a la reunión del gabinete de seguridad con las fuerzas vivas de la entidad.

Gómez Mont no precisó el número, pero sí dijo que en las próximas semanas se reforzará de manera notable la presencia de la autoridad militar, policial, federal, estatal y municipal.

A su lado, el gobernador José Reyes Baeza se mostraba serio, distante del habitual comportamiento alegre que, cuentan aquí, le caracteriza.

La reunión del gabinete de seguridad se realizó en medio de amenazas (falsas) de bombas y en un hotel rodeado por más de dos decenas de vehículos militares con metralletas, amén de dos helicópteros en sobrevuelo constante.

Después de llevar sus diferencias al terreno público, mediante sendos desplegados en los medios, Gómez Mont y el gobernador presumieron un arreglo que traerá seguridad a esta ciudad castigada por las ejecuciones, los secuestros, las extorsiones y los asaltos.

Acuerdos importantes

Reyes Baeza destaca, en breve y retórica intervención, que se han logrado acuerdos importantes en cuanto a la comunicación directa entre estado y Federación, y se han definido las responsabilidades que a cada uno competen. Enseguida, anuncia que cada secretario presente dará detalles de los acuerdos. Lo escuchan los secretarios Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública; el general Guillermo Galván, de la Defensa Nacional, y el almirante Francisco Sáynez, de Marina; además del procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.

Pero no parece haber mucha comunicación directa. Pese al anuncio del gobernador, Gómez Mont dice que en su calidad de secretario de Gobernación él hablará en representación de todos para clarificar algunos puntos.

Se resumen en más efectivos militares y policiacos, y en la reconstrucción de los puentes de comunicación para mejorar la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal.

Los puntos aclarados se corresponden con las demandas del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez publicadas la víspera, con excepción del establecimiento de una oficina federal que ellos quieren en Juárez, sobre todo para combatir secuestros y extorsiones.

El pasado jueves 19 de febrero, una nota de este diario informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incorporará más de 5 mil 200 hombres al combate directo al narcotráfico en las calles del país. Los efectivos se dedicaban hasta dos semanas antes de la nota, a la erradicación de cultivos ilícitos.

Según la misma información, obtenida de fuentes oficiales, las tropas serán enviadas a 10 entidades, incluida Chihuahua.

Falsas amenazas de bombas

Antes de las 10 de la mañana, los funcionarios federales llegaron a sus reuniones a puerta cerrada con autoridades locales, legisladores y empresarios. Poco después comenzaron a recibirse amenazas de bombas que en todos los casos resultaron falsas.

Al filo de las 11 fue desalojada la sede del Poder Judicial de la Federación, ubicada en la avenida Tecnológico, a tres cuadras del hotel sede de la reunión.

El aeropuerto internacional, ubicado también en esa avenida, fue cerrado entre las 13:30 y las 16 horas. Cientos de personas fueron sacadas y esperaron con sus maletas la reapertura de la terminal.

Las fuerzas de seguridad usaron un detector molecular y ubicaron tres vehículos sospechosos estacionados: encontraron envases que contenían líquidos para limpieza de albercas, crema para tratar lesiones musculares y un cortacorriente.

El puente internacional Paso del Norte, una de las arterias que dan vida a esta urbe que forman Juárez y El Paso, Texas, fue cerrado durante 45 minutos, cerca de las tres de la tarde. Bomberos y soldados no encontraron ninguna bomba y el flujo vehicular fue restablecido.

Las falsas amenazas obligaron, sin embargo, a un mensaje del secretario de Gobernación: “Ha corrido una especie de amenaza o peligro para los integrantes de esta reunión que no tiene ningún fundamento. Los tres niveles de gobierno han venido trabajando en paz… y en ningún momento han visto amenazada ni su integridad ni han visto sesgada su voluntad de colaborar juntos”.

La otra cuenta

El Operativo Conjunto Chihuahua se hizo oficial el 31 de marzo de 2008, aunque fuentes locales aseguran que el incremento de efectivos comenzó en febrero. Mil 810 homicidios han ocurrido en calles y zonas aledañas desde aquel marzo. Cifra sin precedente.

Pero lo que quizá aceleró la reunión con los funcionarios fue que hace una semana fue asesinado el director operativo de la Policía Municipal. Y hace cinco días renunció el secretario de Seguridad del ayuntamiento, por las amenazas (cumplidas) de matar un agente al día mientras permaneciera en el cargo. O que hace tres días el alcalde fue amenazado de muerte en carteles y un guardaespaldas fue asesinado en un ataque al convoy del gobernador.

La respuesta serán más militares, dueños ya de la situación.

Temprano, las patrullas de la municipal pasan a prudente distancia. Las estatales ni se aparecen. La presencia de la Federal Preventiva es más bien simbólica. El mando, el control, cualquier decisión sobre la sede de la reunión la toman los militares, que incluso retienen en la entrada a personal de Gobernación.

Un militar grita los nombres de los representantes de los medios que deben pasar tres filtros más para ser admitidos en la sala de conferencias.

Buenos deseos, acuerdos que ya se anunciaron en las sucesivas cumbres en Palacio Nacional.

Acuerden lo que acuerden, el Operativo Conjunto no se va a dar porque ya los alcanzaron las elecciones, dice Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien la víspera saca otras cuentas de un año de presencia militar en las calles juarenses: 3 mil detenciones anticonstitucionales y 4 mil allanamientos ilegales.

Los violentos, dice Gómez Mont, serán expulsados de la plaza. Antes se toparán con un Estado más fuerte, más resuelto y más comprometido. Es decir, ya no el punto final del presidente Felipe Calderón sino, al parecer, una mudanza.