Nueva York, 25 de febrero. En su informe anual en materia de derechos humanos a nivel mundial, el Departamento de Estado considera que existe impunidad y corrupción en todos los niveles del gobierno de México, y que se ha registrado una amplia gama de abusos en lo que hace a las garantías individuales.

En el capítulo México el documento reporta que mientras las autoridades civiles generalmente mantuvieron el control efectivo de las fuerzas de seguridad, hubo instancias en que elementos de estas fuerzas actuaron de manera independiente de la autoridad gubernamental.

En el primer informe anual de este tipo emitido bajo la firma de la nueva secretaria de Estado, Hillary Clinton, se considera que aunque el gobierno mexicano generalmente respetó y promovió los derechos humanos a nivel nacional, se reportaron diversos casos de abusos a éstos en 2008, algunos involucrando la participación de fuerzas gubernamentales, otros no.

La lista incluye matanzas perpetradas por fuerzas de seguridad, secuestros, abusos físicos, malas condiciones en prisiones, detenciones arbitrarias, falta de transparencia y corrupción en el sistema judicial; también confesiones resultado de tortura, intimidación criminal a periodistas, violencia doméstica y asesinatos contra mujeres, frecuentemente realizados con impunidad; tráfico de personas, a veces, según acusaciones, con participación oficial, discriminación social y económica contra algunos integrantes de la población indígena y menores de edad que trabajan, obstáculos al derecho de organización sindical y negociación de contratos colectivos, entre otras.

Gran parte del capítulo sobre México se basa en información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y hace referencia a algunos ejemplos en diversos rubros de abusos, como los cometidos en la población mexiquense de San Salvador Atenco, conflictos en el estado de Chiapas, algunos de los casos de violencia oficial en Oaxaca, en 2006 (incluida la muerte del periodista estadunidense Brad Will). Sin embargo, no ofrece una opinión acerca de estos incidentes, sino sólo indica cómo han evolucionado las investigaciones o denuncias sobre éstos.

El informe señala que ni el gobierno ni sus agentes cometieron ningún asesinato políticamente motivado en 2008, pero agrega que hubo informes de que fuerzas de seguridad, actuando tanto dentro como fuera de la línea del deber, mataron a varias personas durante el año, y hace referencia a incidentes en donde las fuerzas armadas, realizando operaciones antinarcóticos, han herido o matado a civiles.

En torno a las acusaciones de abusos o matanzas por fuerzas oficiales relacionadas con el conflicto político en Oaxaca en 2006, que causó directa o indirectamente 26 muertes civiles, según cálculos, el reporte sólo indica que las investigaciones federales y estatales continúan.

A la vez, informa que no existen reportes confirmados de desapariciones políticamente motivadas, aunque hay informes creíbles de participación policiaca en secuestros. Sin embargo, menciona el caso de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) actualmente desaparecidos.

El secuestro permaneció como un problema serio para personas de todo nivel socioeconómico, dice el documento. Reporta que el gobierno registró 326 plagios en los primeros cinco meses del año pasado, aunque advirtió que muchos casos jamás son reportados. Asimismo, a pesar de la nueva legislación impulsada por el presidente Felipe Calderón contra la tortura, el reporte refiere que el tratamiento cruel y el abuso físico continuó siendo un problema serio, particularmente entre elementos de seguridad pública estatal y locales.

El informe indica que fuerzas de seguridad frecuentemente ignoran leyes contra la detención arbitraria. Por otro lado, señala que la corrupción siguió como un problema, al indicar que fuerzas policiacas participan directa o indirectamente en casos de secuestro, extorsión u ofreciendo protección al crimen organizado. Añade que no hubo registros de presos políticos.

En torno a la libertad de expresión, considera que muchos periodistas trabajan en un ambiente peligroso, lo cual lleva a la autocensura, y que, según organismos no gubernamentales (ONG), sólo 30 por ciento de los ataques contra periodistas es reportado a las autoridades. El informe se puede consultar en: www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/wha/119166.htm