La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ya solicitó a la Secretaría de Gobernación (SG) un informe sobre la Iglesia cristiana restaurada. A su vez, la dependencia federal analiza la posibilidad de quitarle su registro como asociación religiosa.

Por su parte, Alicia Leal, quien pertenece a Alternativa Pacífica de Monterrey, aseguró que los vínculos entre las instituciones de asistencia Casitas del Sur, del Distrito Federal; el Centro de Adaptación e Integración Familiar AC (Caifac), de Nuevo León, y La Casita, de Cancún, Quintana Roo, demuestran el modo de operar de dichos albergues.

Durante una teleconferencia que organizó la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), Leal explicó: primero localizan madres o padres en situación de vulnerabilidad grave, ya sea por pobreza, necesidades emocionales no resueltas o por malos tratos. Y es ahí donde intervienen y con la excusa de darles mejor calidad de vida a los niños se los llevan a los albergues, mientras que a los padres los reclutan.

Por lo menos en el caso de Casitas del Sur, de los siete niños extraviados, seis fueron entregados por alguno de sus padres a los albergues, tres directamente a Casitas del Sur y los restantes a una congregación cristiana con sede en Pachuca, Hidalgo.

Parte sustancial de las investigaciones que realiza la PGJDF tienen que ver con la Iglesia Cristiana Restaurada (ICR), cuyos miembros se autodenominan Los Perfectos y está encabezada por Jorge Erdely, aunque el líder registrado ante Gobernación es Antonio Domingo Paniagua.

Uno de los vínculos entre Casitas del Sur y la ICR es Vanesa Barroso, quien en julio pasado fue autorizada en la SG para oír y recibir notificaciones de dicha asociación religiosa y a quien la procuraduría capitalina la señala como una de las personas que manejaba el albergue de donde se extraviaron, además de Ilse Michel, los niños Brian, Iván, Jorge y los hermanos Natanael, Jefziba y Azael.

Los datos que dio a conocer ayer por la mañana la ODI se contrapusieron con las declaraciones del procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, pues, a decir del servidor público, desde 2007 no hubo canalizaciones de menores a Casitas del Sur, en tanto la organización no gubernamental aseguró que en enero de 2008 la PGJDF llevó a una menor de nombre Karen y meses después a otros niños.

Por último, la semana pasada el representante legal de la ICR, Domingo Paniagua, fue citado por Gobernación. El llamado no fue atendido y la dependencia le giró un nuevo citatorio con el apercibimiento de que si no se presenta mañana será multado.

Domingo Paniagua también es socio fundador de Reintegración Social, asociación civil que manejaba Casitas del Sur.