l pasado viernes 13 de febrero, el Congreso de Estados Unidos aprobó un Plan de Estímulo Económico sobre la base de la propuesta del presidente Obama. Se trata de un paquete de 787 mil millones de dólares que cubren un amplio rango de rubros para su asignación.
Las condiciones económicas en ese país se han ido deteriorando de manera constante desde hace varios meses. En enero pasado se perdieron 598 mil empleos, la mayor cantidad en un mes desde 1934; con ello el número de desempleados ha llegado a 3.57 millones personas (una tasa de 7.6 por ciento) y 4.8 millones disponen de los beneficios del seguro de desempleo.
El mercado de créditos sigue congelado, lo que afecta a la mayor parte de las empresas para su operación y el pago de sus deudas. Muchas de ellas han recortado sus niveles de producción, proyectos de inversión y plantillas de trabajadores.
Según algunas estimaciones, el gasto de consumo de las familias puede caer 2.7 por ciento en el primer trimestre de este año, 0.9 por ciento en el segundo, y sólo después iniciar una cierta recuperación. La tasa de inflación se prevé que sea negativa hasta junio (-1.1 por ciento y cerrar el año en 1.1 por ciento).
El producto caerá, según las previsiones, 4.6 por ciento en el primer trimestre y 1.5 en el segundo, y luego empezaría una leve recuperación. En cuanto al precio de las casas caerían todavía a tasas mayores de 6 por ciento durante el año. Todo esto se basa en las condiciones actuales y, por lo tanto, tienen alto grado de incertidumbre.
La Oficina de Presupuesto estima que en los tres próximos años habrá una brecha del orden de 3 billones de dólares entre el potencial productivo de la economía y lo que efectivamente se producirá. Éste es uno de los indicadores del costo de la crisis y pone en perspectiva la magnitud del paquete que se ha aprobado y señala su posible limitación para contener la recesión en curso.
Por otra parte, las pérdidas acumuladas en el sistema financiero ascienden ya a un billón de dólares y de acuerdo con el FMI pueden llegar a 2 billones e incluso más si se suman las pérdidas de valor de toda una serie de activos que soportaron el aumento de las deudas en el periodo anterior de expansión.
Este último asunto se ha convertido en un elemento clave de la gestión de la crisis puesto que de manera efectiva no existen precios reales de los activos. Entre ellos se cuenta la gran cantidad de los llamados activos tóxicos
que impiden en buena medida la reanudación de los créditos por parte de los bancos. Esto se extiende al caso de las hipotecas y las posibles medidas para apoyar a las familias que las deben y así frenar la requisición de sus viviendas.
Hoy, existe ya un paquete de estímulo para la economía, pero no su contraparte en el caso de un plan para el rescate de los bancos. El proyecto del Tesoro, presentado la semana pasada, no caló entre los inversionistas y los bancos, por un lado por el tipo de acciones propuestas, y por otro debido a la vaguedad con las que fueron planteadas.
Esto acrecienta la incertidumbre en el mercado de dinero y capitales y no contribuye a ir reduciendo la fuerte restricción de los créditos. Las empresas, las familias y los mismos bancos están en un proceso de desendeudamiento, lo que habla de la necesidad de deshacerse de sus activos depreciados, que así contribuyen adicionalmente a la baja de sus precios y a la acumulación de las pérdidas.
Cualquier acción del gobierno encaminada a intervenir en esos mercados topa con la dificultad de valuar los activos. Ante esa situación, si se paga de más se beneficiaría a los bancos y otras instituciones financieras que han incluso tomado dinero público para reforzar sus posiciones. Y eso sería en perjuicio directo de los contribuyentes, cuyos recursos se usan para el salvamento, y, además, incrementando la deuda pública.
La condición de muchos bancos es aún muy frágil y requerirán de más capital, de modo que hay quienes argumentan a favor de la nacionalización y depuración de las cuentas.
En este marco hay una fuerte disputa ideológica que se centra en las concepciones acerca de las funciones del Estado. Una postura dominante en el espectro de la derecha más conservadora es que la intervención a gran escala que emprende el gobierno de Obama atenta contra los principios liberales y el funcionamiento del sector privado. El caso es que, precisamente, son los mercados y el sector privado los que responden a los incentivos negativos de la propia crisis y empujan la economía a la recesión.
También se discute técnicamente sobre las posibilidades del paquete para estimular la actividad productiva y el gasto de las familias. La experiencia actual está poniendo así a prueba las bases de las concepciones sobre el modo de operación de la economía y la esencia de las políticas públicas.
El escenario se complica todavía más por el carácter global de la crisis. La Unión Europea, los países del este de ese continente y los asiáticos están ya en una franca recesión, y en América Latina, según comprueban los organismos financieros internacionales, el deterioro se agrava más allá de lo previsto.
