■ Envían carta a la ONU para que presione al gobierno mexicano y se apliquen las leyes
Religiosos crean frente para exigir justicia en el caso Pasta de Conchos
En la víspera de que se cumpla el tercer aniversario de la muerte de 65 trabajadores en la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila, provinciales de diversas órdenes religiosas del país solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que pida al gobierno mexicano que recupere los cuerpos lo más pronto posible.
En una carta en la que hacen un recuento de las constantes negativas y el comportamiento que han tenido la empresa Industrial Minera México y dos administraciones de gobierno federal, los religiosos subrayan que recuperar los cuerpos, y sancionar a quienes resulten culpables –no sólo administrativamente– es lo único que puede poner fin a la arbitrariedad empresarial y a la omisión y negligencia gubernamental.
Suscrita por varios miembros de la Junta Directiva de la Conferencia de Institutos Religiosos de México (CIRM) y provinciales de otras órdenes, entre ellos de los jesuitas, dominicos, maristas y de las hermanas auxiliadoras, la carta recuerda que el próximo día 19 de febrero se cumplirán mil 95 días del desplome ocurrido en la región carbonífera del norte de México, en la mina denominada Pasta de Conchos, que acabó con la vida de 65 mineros. Y que no obstante haber transcurrido ya tres años, sólo se han recuperado los cuerpos de dos trabajadores, mientras que los restos de 63 mineros permanecen en la mina.
Destacan que existen dos presunciones cada vez más fundadas: la de que todas las víctimas murieron no por un imprevisible accidente laboral, sino por causas imputables a la empresa Minera México y al gobierno federal, y la de que los restos mortales de los mineros permanecen sin ser rescatados, no por falta de condiciones de seguridad para ingresar a la mina, sino porque la empresa y dos administraciones del gobierno mexicano, no han tenido la sensibilidad ni la voluntad política para satisfacer la más importante demanda de las familias de los trabajadores.
Todo ello, dicen, hace pensar que la empresa y el gobierno han impedido el rescate para evitar que se obtengan pruebas contundentes de las causas reales del siniestro.
La misiva da cuenta de las resoluciones que han emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en las que “queda plenamente acreditada la omisión” por la que se “toleraron condiciones que no garantizaban íntegramente la salud y la vida de los trabajadores”, y que a la postre llevarían a la muerte a los 65 mineros.